Amplían denuncia contra OSEF por presunto desvío de fondos destinados a enfermedades de alto costo
La Fiscalía de Estado investiga la transferencia de más de $937 millones del fondo específico creado por ley. También advierten una deuda millonaria del Gobierno con la obra social.
La Fiscalía de Estado amplió una denuncia penal contra autoridades de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) por el presunto desvío de fondos destinados a la atención de enfermedades de alto requerimiento.
La presentación, impulsada por el fiscal Virgilio Martínez de Sucre, apunta a la transferencia de más de 937 millones de pesos desde el “Fondo Específico para Enfermedades de Alto Requerimiento” hacia cuentas utilizadas para gastos corrientes y obligaciones generales de la obra social.
La investigación se originó a partir de una denuncia interna y se sustenta en resoluciones firmadas por la presidenta de OSEF, Mariana Hruby, mediante las cuales se dispuso el traslado de esos recursos. Según se indicó, los fondos serían compensados con ingresos corrientes, aunque desde la denuncia advierten que ese mecanismo podría resultar inviable en el actual contexto financiero.
El fondo en cuestión fue creado por la Ley Provincial 1596 con el objetivo de cubrir medicamentos, insumos y tratamientos de alto costo para patologías complejas. Por tratarse de recursos con afectación específica, su utilización está legalmente restringida y no puede ser modificada sin intervención legislativa.
Desde la Fiscalía sostienen que la situación no responde a un hecho excepcional, sino a deficiencias en la gestión administrativa, entre ellas la falta de un padrón de beneficiarios y problemas en la planificación de compras, lo que habría derivado en faltantes de insumos críticos.
Un informe interno de la Contaduría de OSEF refuerza estas observaciones, señalando que no se contaba con herramientas básicas de planificación, lo que habría contribuido al agravamiento del cuadro operativo.
Como agravante, también se advirtió que la Contaduría General no intervino previamente en la resolución que autorizó la transferencia, lo que podría indicar la adopción de decisiones al margen de los controles técnicos correspondientes.
En paralelo, la investigación expone una deuda significativa del Gobierno provincial con la obra social. Según datos incluidos en el expediente, el monto total por aportes y contribuciones superaría los 16 mil millones de pesos, lo que profundiza el escenario de desfinanciamiento del sistema.
Para el fiscal, existen elementos suficientes para avanzar con una denuncia por presunta malversación de fondos públicos, al considerar que se habrían utilizado recursos destinados a tratamientos de alta complejidad para cubrir necesidades administrativas.