La Secretaría de Ambiente de Tierra del Fuego analiza avanzar por la vía administrativa o judicial luego de que, según afirmó la secretaria Legal del Ministerio de Producción y Ambiente, Lissi Cristófano, en tres oportunidades personal provincial no pudiera ingresar al Puerto de Ushuaia para realizar controles ambientales. La funcionaria sostuvo que existe una discusión con autoridades nacionales respecto de quién posee la competencia para efectuar esas fiscalizaciones.
En comunicación con FM del Pueblo, Cristófano explicó que los controles que pretende desarrollar la Provincia se concentran en tres aspectos: la certificación ambiental del puerto, la trazabilidad de residuos peligrosos provenientes de los buques y la fiscalización de cuestiones vinculadas con los recursos hídricos.
“En reiteradas oportunidades no se permitió el ingreso”
Según explicó la funcionaria, inicialmente se solicitó autorización a las autoridades portuarias provinciales y se obtuvo una respuesta favorable. Sin embargo, aseguró que posteriormente representantes nacionales impidieron el acceso del personal de Ambiente.
Ante esa situación, la Provincia realizó una presentación ante la Agencia Nacional de Puertos, aunque dejando asentado que no reconocía que ese organismo tuviera la competencia ambiental que reclama. Cristófano señaló que Nación respondió que la Provincia no sería la autoridad competente para efectuar esos controles dentro del puerto.
La secretaria Legal cuestionó además la forma en la que fueron respondidas las presentaciones. Indicó que las contestaciones llegaron mediante notas y consideró que, al tratarse de un procedimiento administrativo, deberían haberse formalizado mediante una resolución acompañada por los fundamentos jurídicos correspondientes.
Analizan la vía administrativa y judicial
Luego de tres intentos sin poder concretar las inspecciones, el Ministerio comenzó a reunir los antecedentes del caso para definir cómo continuará el reclamo.
“Tenemos dos vías, la vía administrativa y la vía judicial”, señaló Cristófano. No obstante, aclaró que todavía debe analizarse qué camino corresponde y que primero podría resultar necesario cerrar la etapa administrativa abierta por el intercambio de presentaciones con Nación.
La funcionaria tampoco dio por sentado que una eventual presentación deba realizarse ante la Justicia Federal. Explicó que, si la controversia se concentra específicamente en las competencias vinculadas con el poder de policía ambiental, también deberá evaluarse si corresponde una instancia judicial local.
El control de los residuos que bajan de los buques
Uno de los puntos que genera mayor preocupación es la trazabilidad de los residuos peligrosos. Cristófano explicó que existen residuos que pueden trasladarse al relleno sanitario de Ushuaia y otros que, por haber tenido contacto con hidrocarburos, combustibles u otros contaminantes, requieren un tratamiento diferente a través de operadores habilitados.
Para la Provincia, poder observar el desembarco es necesario para seguir posteriormente el recorrido del residuo hasta el establecimiento encargado de tratarlo. “Si perdemos la trazabilidad entre el residuo que baja del buque y el que ingresa al que trata el residuo peligroso, también nosotros estamos incumpliendo como funcionarios públicos”, advirtió.
“No es algo habitual”
Cristófano remarcó que los residuos considerados peligrosos no representan una situación nueva ni excepcional dentro de la operatoria portuaria. Por el contrario, explicó que existe una clasificación establecida legalmente y procedimientos específicos para su tratamiento.
Lo que consideró fuera de lo habitual es que los inspectores ambientales no puedan acceder para realizar las tareas de fiscalización. Según sostuvo, normalmente los equipos provinciales ingresan, controlan, confeccionan las actas correspondientes y, en caso de detectar aspectos que deben corregirse, establecen plazos para su adecuación.
“Lo grave” para la funcionaria es precisamente el impedimento para realizar esos controles ambientales. También sostuvo que la Provincia mantiene su posición respecto de las facultades que posee sobre los recursos naturales y cuestionó que las restricciones de acceso puedan extenderse a las tareas ambientales que busca desarrollar dentro del Puerto de Ushuaia.