Alerta por posible explotación petrolera ilegal en Malvinas
El senador nacional Pablo Blanco presentó un pedido de informes al Poder Ejecutivo ante el inminente inicio de actividades de exploración y explotación petrolera en la Cuenca Norte de las Islas Malvinas, por parte de empresas extranjeras. La iniciativa busca conocer qué medidas ha adoptado el Gobierno frente al avance del proyecto “Sea Lion”, desarrollado por la firma Navitas Petroleum, de capitales israelíes y estadounidenses, en sociedad con la británica Rockhopper Exploration.
Blanco advirtió que Navitas, controlando el 65% del proyecto, planea comenzar la extracción de petróleo en una zona de la plataforma continental argentina que se encuentra en disputa de soberanía con el Reino Unido. A su vez, denunció que la empresa bloquea el acceso a su sitio web desde la Argentina, impidiendo el acceso a información sobre sus operaciones. “El que oculta, sabe que está haciendo algo mal. Esto es una clara violación a la soberanía nacional”, afirmó el legislador fueguino.
En su presentación, Blanco exige saber si la Cancillería ha presentado protestas formales ante los gobiernos de Israel y Estados Unidos y qué acciones diplomáticas, legales o de defensa nacional se están considerando para frenar el avance del emprendimiento. También solicita detalles sobre las gestiones realizadas para visibilizar el tema en organismos internacionales, de acuerdo con lo establecido en el principio de no agravamiento de disputas reconocido por la ONU.
“La falta de reacción del Gobierno Nacional ante este avance extranjero sobre recursos naturales argentinos en Malvinas es alarmante. El silencio puede interpretarse como una claudicación política y moral, especialmente hacia quienes defendieron la soberanía con su vida”, sostuvo Blanco.
El senador también cuestionó la reciente remoción del Director Nacional de Exploración y Explotación Petrolera, cargo que aún no ha sido cubierto. Según planteó, esta acefalía debilita la capacidad del Estado para controlar y responder ante actividades hidrocarburíferas ilegales en el Atlántico Sur.
Finalmente, Blanco fue contundente al señalar que el inicio de la explotación del proyecto Sea Lion “sería la violación de soberanía más grave en la historia reciente del Atlántico Sur” y que la pasividad estatal podría convertir al Ejecutivo en “cómplice de este atropello”.
“Cada omisión es una traición al mandato constitucional de reclamar permanentemente por Malvinas. No podemos permitir que intereses externos se impongan sobre los derechos soberanos de la Nación”, concluyó.