Advierten sobre riesgos tributarios y penales por el uso de dólares no declarados sin control de ARCA
Mientras el Gobierno nacional promueve la idea de reactivar la economía con el uso de los llamados «dólares del colchón», expertos en materia tributaria advierten que operar con divisas no declaradas sin un marco legal adecuado puede exponer a los contribuyentes a riesgos fiscales y penales.
El propio presidente Javier Milei respaldó públicamente esta iniciativa, asegurando que quienes poseen ahorros en dólares fuera del sistema financiero formal “no son delincuentes”. En la misma línea, el ministro de Economía, Luis Caputo, afirmó que no se realizarán persecuciones ni fiscalizaciones sobre montos menores a los 150.000 dólares.
Sin embargo, especialistas como Gilberto Santamaría, del estudio Santamaría & Asociados, señalaron que ninguna resolución administrativa o decreto puede reemplazar a una ley de blanqueo aprobada por el Congreso. «Aunque hoy no se fiscalicen ciertos consumos, nada impide que en el futuro, y dentro del plazo de prescripción de cinco años, un cambio político revierta esta situación y se inicien ajustes o causas penales», explicó.
El rol de la Ley Penal Tributaria y la UIF
Los analistas remarcan que tanto la Ley de Procedimiento Fiscal como la Ley Penal Tributaria siguen plenamente vigentes. Además, el sistema contempla que cualquier denuncia presentada por terceros sobre compras relevantes realizadas con dólares no declarados debe ser investigada por los fiscales federales.
A esto se suma el accionar de organismos como la Unidad de Información Financiera (UIF) y el Banco Central, que exigen a bancos, inmobiliarias, escribanos y otros sujetos obligados reportar operaciones sospechosas, sobre todo si involucran fondos sin origen justificado.
Posibles consecuencias económicas y penales
El uso de dinero no declarado podría derivar en ajustes impositivos significativos y hasta en procesos penales si se comprueba evasión fiscal. Por ejemplo, una compra por 100.000 dólares podría desencadenar obligaciones tributarias por IVA y Ganancias superiores a los 50 millones de pesos. Si las diferencias superan los 15 millones de pesos, podría configurarse el delito de evasión agravada, con penas de hasta nueve años de prisión.
Responsabilidad de los funcionarios
Los especialistas también advirtieron que los funcionarios que promuevan esquemas de uso de divisas no declaradas sin el debido respaldo legal podrían enfrentar cargos por incumplimiento de deberes o incluso por facilitar delitos económicos complejos.
“El voluntarismo político o la necesidad fiscal no pueden justificar mecanismos informales de blanqueo al margen del Congreso”, concluyó Santamaría.