La Cooperativa Renacer expresó su rechazo a una propuesta empresarial para modificar el proceso de fabricación de aires acondicionados en Tierra del Fuego. Según advirtió su referente Mónica Acosta, la iniciativa podría reducir cerca del 70% del valor agregado local y poner en riesgo una importante cantidad de puestos de trabajo.
La discusión fue planteada durante la reunión de la Comisión para el Área Aduanera Especial realizada el 19 de agosto. Allí, la cooperativa presentó una nota luego de conocer un documento enviado el 16 de junio por la Asociación de Fábricas Argentinas Terminales Electrónicas (AFARTE) y la Unión Industrial Fueguina a la Secretaría de Coordinación Productiva de la Nación.
En declaraciones a Radio Provincia, Acosta sostuvo que el pedido de las cámaras empresariales no representa una actualización técnica menor. “No es una mera simplificación tecnológica. Tiene que ver con restar prácticamente el 70% del valor agregado y, por ende, profesiones, especialidades y una multiplicidad de puestos de trabajo de manera directa”, afirmó. Para graficar la gravedad del posible impacto, señaló que su efecto sería “casi similar al de una bomba atómica”.
La cooperativista consideró que la modificación entraría en contradicción con los principios establecidos por la Ley Nacional N° 19.640 y sus normas reglamentarias. También cuestionó que la presentación no hubiera sido difundida previamente entre todos los sectores involucrados en la actividad industrial fueguina.
Acosta recordó que las empresas, los sindicatos y las cooperativas compartieron en otros momentos una posición común en defensa del régimen promocional frente a las decisiones adoptadas desde Buenos Aires. En ese sentido, se preguntó qué cambió para que ahora parte del empresariado impulse una transformación de esas características.
La referente de Renacer también mencionó antecedentes judiciales vinculados con los beneficios fiscales y aduaneros vigentes en Tierra del Fuego. Citó un fallo de la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, que relaciona esos incentivos con los objetivos geopolíticos, territoriales y demográficos de la ley.
“Los beneficios fiscales y aduaneros son considerados medios para alcanzar esos objetivos y no fines en sí mismos”, remarcó. Desde esa perspectiva, advirtió que una reducción sustancial del trabajo realizado en la provincia podría poner en discusión las condiciones que justifican la continuidad de las exenciones.
La preocupación también alcanza a las cooperativas Audivic y Renacer, además de otras plantas que tienen a los aires acondicionados entre sus principales productos. Acosta señaló que cualquier retroceso de la actividad industrial afectaría no solamente a los trabajadores de las fábricas, sino también al comercio y al resto de la economía de Río Grande y Ushuaia.
“Esto también le va a afectar al comercio y era importante no pasar inadvertidos, porque las empresas más chicas dependemos de que esto no avance”, manifestó. La dirigente relacionó la propuesta con un escenario de pérdida de empleos, dificultades económicas y un crecimiento de la asistencia alimentaria.
Acosta reclamó que el Gobierno nacional explique cuál es su proyecto para el régimen industrial fueguino. “Quisiéramos saber, que es algo que todavía nadie nos quiere decir, qué pretenden hacer desde el Gobierno nacional con nuestra industria”, expresó.
También planteó que las inversiones destinadas a diversificar la producción son positivas, pero no deberían concretarse a costa de reducir la fabricación existente. “Esos intercambios no pueden significar que en su lugar de origen nos declaren a todos como una zona de sacrificio”, sostuvo.
Finalmente, convocó a los distintos espacios políticos, gremiales y empresariales a construir una posición conjunta frente a cualquier medida que profundice la desindustrialización. “No importa si uno es de derecha o de izquierda, tendríamos que estar todos discutiendo contra Nación frente al avance de este proceso desindustrializador”, concluyó.