La puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil encontró a Tierra del Fuego sin la estructura necesaria para responder a las exigencias del sistema, según advirtió la abogada riograndense Sandra Arenas. La profesional señaló que la provincia deberá avanzar con urgencia en la formación de personal, la conformación de equipos especializados y la adecuación de sus procedimientos.
“Hoy Tierra del Fuego no tiene estructura. Nos faltan recursos humanos formados en derecho penal juvenil, nos faltan equipos interdisciplinarios, nos faltan dispositivos de seguimiento y nos falta capacidad en el área de salud para sostener los tratamientos que la ley presupone”, expresó Arenas ante El Sureño.
La Ley Nacional 27.801 comenzó a regir el 5 de septiembre y reemplazó el régimen vigente desde 1980. La normativa alcanza a adolescentes desde los 14 años y establece un sistema especializado que contempla garantías procesales, medidas socioeducativas, seguimiento profesional y diferentes respuestas según las características de cada caso. Texto oficial de la Ley 27.801.
Arenas remarcó que la modificación no debe interpretarse únicamente como una reducción de la edad de imputabilidad. “Esto no es simplemente bajar la edad. Es un cambio de paradigma”, sostuvo. En ese sentido, explicó que se deja atrás el esquema tutelar para reconocer a los adolescentes como sujetos de derechos y asegurarles las garantías correspondientes dentro de un proceso penal.
La abogada también rechazó que el objetivo central sea incrementar el encarcelamiento de menores. “Quiero ser clara: esta ley no viene a llenar cárceles, viene a hacer justicia restaurativa”, afirmó. Sin embargo, advirtió que ese modelo requiere profesionales preparados, dispositivos de acompañamiento, servicios de salud y mecanismos permanentes de supervisión.
Entre sus disposiciones, la legislación prevé la intervención de supervisores especializados, quienes deberán mantener entrevistas periódicas, presentar informes y trabajar junto con otros profesionales. También prohíbe la prisión perpetua para adolescentes y establece un máximo de 15 años para las penas privativas de la libertad. Ley 27.801, régimen de penas y supervisión.
Uno de los puntos pendientes es la adaptación de las normas provinciales. La ley nacional invita a las provincias y a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires a adecuar su legislación procesal penal y sus disposiciones administrativas a los nuevos principios y garantías. Arenas aseguró que Tierra del Fuego todavía debe avanzar en esa tarea.
“El problema no está en la ley, está en cómo la vamos a aplicar”, sintetizó la profesional. Para Arenas, el desafío inmediato será evitar que la falta de recursos convierta las garantías contempladas por el nuevo régimen en disposiciones difíciles de cumplir en la práctica.