El conflicto por la administración del Puerto de Ushuaia podría ingresar en una etapa de mayor tensión durante las próximas semanas, cuando comience a incrementarse el movimiento de embarcaciones turísticas. El trabajador portuario Gastón Castillo anticipó que podrían concretarse medidas de fuerza si el Gobierno nacional no devuelve las instalaciones a la Provincia y no se resuelve la situación laboral de los 140 empleados que reclaman regresar a sus puestos habituales.
La advertencia llega en un momento especialmente sensible para la actividad portuaria fueguina, debido a la proximidad del período de mayor movimiento de cruceros. En declaraciones radiales, Castillo explicó que hasta ahora los trabajadores evitaron impulsar acciones que afecten las operaciones, principalmente porque la actividad todavía es reducida. Sin embargo, sostuvo que esa postura podría modificarse si el conflicto continúa sin respuestas.
La temporada de cruceros podría marcar un punto de quiebre
El trabajador explicó que el escenario actual no justifica una paralización de las operaciones, pero advirtió que el panorama será diferente cuando aumente la cantidad de embarcaciones. En ese sentido, dejó en claro que la posibilidad de adoptar medidas de fuerza ya forma parte de las alternativas que evalúan los portuarios.
“Hoy hay un barco nada más en el muelle y no se justifica que paremos el puerto por un barco”, expresó Castillo. No obstante, anticipó que la situación podría cambiar considerablemente con el inicio de la temporada de mayor actividad: “Cuando haya movimiento serio, vamos a tener que llevar adelante medidas. No queda otra”.
El reclamo apunta a recuperar la administración provincial de las instalaciones y garantizar que los empleados desplazados puedan retomar sus tareas sin modificaciones en sus condiciones laborales. Castillo considera que ambas cuestiones deben resolverse conjuntamente, ya que entiende que el conflicto administrativo también compromete la estabilidad de los trabajadores.
Preocupación por el futuro laboral de 140 portuarios
Uno de los aspectos que genera mayor incertidumbre es la situación de los 140 trabajadores que permanecen fuera de sus puestos. Según Castillo, existe preocupación ante la posibilidad de que el Gobierno nacional pretenda incorporarlos mediante una modalidad contractual diferente de la que tenían bajo la administración provincial.
“Ellos no nos quieren adentro o nos quieren dentro de un régimen fuera de nuestro convenio colectivo de trabajo y fuera de la Provincia”, denunció. El trabajador sostuvo que aceptar esas condiciones podría significar una pérdida de estabilidad laboral para empleados que, en muchos casos, acumulan más de veinte años de antigüedad.
También cuestionó la posibilidad de quedar sujetos a contrataciones que permitan futuras desvinculaciones. “Quieren que seamos contratados por ellos para que cuando quieran nos puedan echar o desafectar del régimen y quedarnos verdaderamente sin trabajo”, manifestó.
Cuestionó los plazos de la administración nacional
Castillo puso en duda que la actual administración del puerto tenga una finalización efectiva en la fecha establecida. Según su interpretación, no existen garantías suficientes de que las instalaciones vuelvan a depender de Tierra del Fuego una vez cumplido el plazo previsto.
“La fecha que pusieron de finalización es ficticia. Si esto continúa, llega el 21 de enero y la van a renovar, la van a querer estirar indefinidamente”, advirtió.
En ese contexto, consideró que cualquier medida extraordinaria sobre la administración portuaria debería contar con objetivos específicos, resultados verificables y un cronograma concreto de restitución. También cuestionó que no se haya difundido públicamente un balance detallado sobre el funcionamiento económico y operativo del puerto bajo la conducción nacional.
Críticas a la Justicia Federal y a la dirigencia política
Durante la entrevista, el portuario expresó su malestar por la falta de una resolución judicial que permita modificar el escenario actual. Cuestionó especialmente la actuación de la Justicia Federal y sostuvo que el conflicto permanece abierto sin una definición que responda a los planteos realizados desde Tierra del Fuego.
“La Justicia Federal de acá no quiso tomar una definición. Se declara incompetente y nos deja en una situación en la cual la Provincia y la ciudad terminan perdiendo un recurso estratégico”, manifestó.
Castillo también reclamó una participación más activa de los distintos sectores políticos provinciales. A su entender, la discusión supera la situación de los trabajadores porque involucra una infraestructura fundamental para el turismo, el comercio, la logística y la proyección estratégica de Tierra del Fuego.
Señaló rumores sobre Santiago Caputo y cuestionó decisiones nacionales
Otro de los puntos abordados fue el posible origen político de las decisiones relacionadas con el puerto. Castillo mencionó versiones que, según afirmó, circulan en sectores vinculados a La Libertad Avanza y que relacionan la medida con el entorno del asesor presidencial Santiago Caputo.
“Cada vez son más fuertes los rumores de que quien lleva adelante esta movida es Santiago Caputo”, sostuvo. De todos modos, reconoció que desconoce los mecanismos internos de decisión del oficialismo nacional y planteó interrogantes sobre los intereses que podrían existir detrás de la situación.
El trabajador también realizó una autocrítica respecto de su acompañamiento electoral al actual Gobierno nacional. “Somos muchos los que nos dimos la ñata contra el vidrio con este Gobierno. En mi caso puse mi voto y hoy me encuentro en esta situación”, expresó, al considerar que las decisiones adoptadas sobre el puerto representan un retroceso respecto de las expectativas que tenía.
Denunció restricciones a organismos provinciales
Castillo también cuestionó el funcionamiento interno de las instalaciones y aseguró que existirían limitaciones para el ingreso de organismos provinciales encargados de realizar tareas de fiscalización. Entre los ejemplos mencionó las competencias relacionadas con los controles ambientales.
“Ellos dicen que Ambiente no puede pasar y que ellos van a manejar el ambiente. Es como si a partir de la barrera fuera un territorio diferente”, afirmó. Estas situaciones fueron planteadas por el trabajador como parte de sus cuestionamientos al esquema administrativo vigente.
Mientras tanto, el conflicto continúa sin una solución definitiva y la proximidad de la temporada alta agrega presión a las negociaciones. La posibilidad de medidas de fuerza introduce un nuevo escenario para el movimiento turístico y comercial de Ushuaia, aunque por el momento no se informó una fecha concreta para su realización.