Más de seis de cada diez kilómetros de rutas nacionales se encuentran en condiciones calificadas como regulares o malas, de acuerdo con un relevamiento difundido por la Federación de Personal de Vialidad Nacional (FEPEVINA) y retomado por la Asociación Civil Luchemos por la Vida. El diagnóstico vuelve a poner en discusión el mantenimiento de la red vial y su incidencia sobre la seguridad de quienes circulan diariamente por el país.
Entre los corredores señalados aparecen las rutas nacionales 33, entre Buenos Aires y Santa Fe; 151, que atraviesa Río Negro y La Pampa; 121, 120 y 119, en Corrientes; las rutas A015 y 136, en Entre Ríos; además de las nacionales 3, 5 y 7 en territorio bonaerense. También fueron mencionadas la Ruta 14, conocida como la “ruta del Mercosur”, la Ruta 12 y la Ruta 34, que conecta sectores de Jujuy y Salta.
El informe tomó como referencia distintos siniestros ocurridos recientemente. Uno de ellos fue el vuelco de un colectivo sobre el kilómetro 625 de la Ruta Nacional 14, en Corrientes, donde una persona murió y otras 14 resultaron con heridas graves. También se mencionaron accidentes fatales registrados en Mendoza y un episodio ocurrido en Santa Fe, sobre un aliviador de la Ruta 168, donde una automovilista perdió el control e impactó contra un guardarrail en un sector con deterioro de la calzada.
Desde Luchemos por la Vida remarcaron que, aunque los errores humanos continúan siendo uno de los principales factores detrás de los siniestros, las condiciones de infraestructura pueden aumentar considerablemente los riesgos. Baches, grietas, hundimientos, falta de demarcación, banquinas deterioradas y problemas de señalización pueden dificultar las maniobras y agravar las consecuencias de una equivocación al volante.
El deterioro también tiene un impacto económico. Según los datos incluidos en el reporte, el costo asociado a la siniestralidad vial supera los 62.000 dólares por víctima y representaría, como mínimo, alrededor del 1,4% del Producto Bruto Interno. A esa cifra se agregan las consecuencias sobre el transporte de cargas y la actividad productiva, especialmente en corredores utilizados por camiones vinculados con el comercio interno y exterior.
En paralelo, recientemente fueron adjudicados unos 3.900 kilómetros adicionales de rutas bajo sistemas de peaje en 11 provincias. Los contratos contemplan que las empresas concesionarias asuman durante 20 años tareas de conservación como reparación de baches, mantenimiento de banquinas, corte de pasto y renovación de la señalización horizontal.
Sin embargo, el esquema no contempla necesariamente grandes obras de transformación de la infraestructura, como duplicaciones de calzada, construcción de nuevos terceros carriles o ejecución de autovías en sectores donde estos proyectos vienen siendo reclamados desde hace años.
La Asociación Civil Luchemos por la Vida también cuestionó el nivel de ejecución de los recursos nacionales destinados al mantenimiento vial y sostuvo que la seguridad en rutas y caminos requiere una inversión sostenida. La entidad consideró que mejorar la infraestructura no solo permitiría disminuir el riesgo de accidentes, sino también reducir los costos humanos, sanitarios y económicos derivados de la siniestralidad.