La defensa de Manuel Adorni solicitó una prórroga para responder el requerimiento presentado por la Fiscalía en la causa que analiza la evolución patrimonial del exjefe de Gabinete. El planteo quedó ahora en manos del juzgado, que deberá resolver si concede la extensión del plazo.
El pedido está acompañado por un reclamo para acceder a documentación incorporada al expediente después del análisis forense del teléfono de Matías Tabar, contratista encargado de las remodelaciones efectuadas en una vivienda del country Indio Cuá. Los abogados consideran que ese material resulta necesario para contestar varios de los interrogantes formulados por el fiscal Gerardo Pollicita. Ámbito
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito busca establecer si los gastos, bienes y movimientos financieros atribuidos a Adorni pueden justificarse con sus ingresos declarados. El requerimiento contiene más de 20 preguntas relacionadas con la economía del grupo familiar y no representa, por sí mismo, una determinación de responsabilidad penal.
Entre las operaciones observadas aparecen la tenencia de dólares en efectivo, préstamos concedidos por particulares, la compra de un vehículo y la adquisición de la propiedad ubicada en el complejo privado de Exaltación de la Cruz. También se solicitaron comprobantes sobre el dinero utilizado para realizar las obras en ese inmueble.
Uno de los puntos centrales es la declaración de Tabar, quien aseguró haber recibido aproximadamente 245.000 dólares por las refacciones. El contratista sostuvo que los pagos se hicieron en dos etapas, entre 2024 y 2025, y entregó voluntariamente su celular para que la Justicia analizara conversaciones, registros de llamadas y documentación vinculada con los trabajos. TN
Los investigadores pretenden determinar el origen de esos fondos y reconstruir la trazabilidad de los pagos. La defensa, mientras tanto, busca examinar los archivos extraídos del dispositivo antes de presentar su descargo y responder las objeciones del Ministerio Público Fiscal.
El expediente también incluye consultas sobre la compra de una propiedad situada en la calle Miró al 550, la adquisición de muebles, gastos en efectivo correspondientes a viajes y educación, ingresos no alcanzados por el impuesto a las Ganancias y la posible intervención de terceros en distintas operaciones.
Las transacciones con criptomonedas constituyen otro capítulo de la investigación. La Fiscalía pidió detalles sobre el capital inicial utilizado para adquirir los activos digitales y las posteriores operaciones. En su declaración jurada de 2025, Adorni informó ganancias por la venta de criptomonedas y un patrimonio superior a los 944 millones de pesos.
Si el juzgado acepta la prórroga, la defensa contará con más tiempo para reunir los comprobantes y presentar sus explicaciones. Posteriormente, la Fiscalía deberá evaluar si la documentación permite justificar las diferencias señaladas o si corresponde avanzar con nuevas medidas dentro del expediente.