A contrarreloj, crecen las críticas al posible llamado a elecciones para reformar la Constitución fueguina
Con el plazo corriendo, aumenta la presión sobre el Poder Ejecutivo de Tierra del Fuego para definir si convocará a elecciones de convencionales constituyentes, paso clave para avanzar en la reforma parcial de la Constitución provincial habilitada por la Ley 1.529.
Al 22 de abril restan 17 días para que venza el período establecido para realizar la convocatoria. La norma, aprobada por la Legislatura, declaró la necesidad de introducir cambios en la Carta Magna vigente desde 1991 y fijó los mecanismos institucionales para llevar adelante ese proceso, entre ellos la elección de representantes mediante el voto popular.
Hasta el momento, el Ejecutivo no se ha pronunciado públicamente sobre la convocatoria. Sin embargo, en los últimos días comenzaron a multiplicarse las voces que rechazan avanzar con una elección en el actual contexto económico y social.
Uno de los posicionamientos más claros fue el del intendente de Río Grande, Martín Pérez, quien propuso postergar cualquier discusión constitucional hasta 2028. Según argumentó, impulsar una elección en medio de la crisis solo contribuiría a profundizar el descreimiento social y el clima de “antipolítica”. “No es momento para que la política gaste una fortuna en elecciones”, sostuvo.
En la misma línea se expresó el legislador del Movimiento Popular Fueguino, Pablo Villegas, quien describió un escenario provincial atravesado por el desempleo, el cierre de fábricas y la pérdida del poder adquisitivo. En ese contexto, consideró que avanzar con una convocatoria sería “una falta de respeto muy grave” hacia la población. “No tenemos recursos para afrontar un gasto de estas características”, afirmó.
También se manifestó en contra la abogada y dirigente política Liliana Fadul, presidenta del partido Somos Fueguinos y ex diputada nacional. Calificó como “incongruente” la posibilidad de llamar a elecciones y cuestionó la prioridad de la agenda política frente a los problemas actuales. “La gente tiene dificultades concretas que esto no va a resolver”, planteó.
Fadul además advirtió sobre el riesgo de que una eventual reforma habilite cambios vinculados a la emisión de cuasimonedas o bonos, recordando antecedentes como los Patacones en Buenos Aires, los Lecop a nivel nacional o experiencias más recientes en otras provincias, utilizadas en contextos de crisis financiera.
Con el calendario avanzando, la definición del Ejecutivo será determinante para saber si el proceso de reforma constitucional continúa o queda en pausa. La decisión no solo tiene implicancias institucionales, sino también un fuerte impacto político y económico en un escenario ya tensionado.