Damián Arias pidió la suspensión del juicio a prueba en la causa que investiga qué ocurrió con el dinero de 45 personas que se presentaron como damnificadas por presuntas estafas con inversiones en criptomonedas. En diálogo con AIRE LIBRE FM, el abogado Jorge Hernández cuestionó el pedido por la cantidad de hechos denunciados. La resolución está en manos de la Justicia.

Para quienes reclaman sus ahorros, las mediaciones terminaron sin que pudieran recuperar el dinero. Según Hernández, Arias asumió compromisos individuales de pago por montos que iban de 500 a 8.000 dólares. El abogado aseguró que ninguno de los damnificados recibió siquiera una parte de lo acordado.

Entre los primeros en entregar dinero hubo fieles de la comunidad religiosa a la que pertenecía Arias. Hernández explicó que el vínculo con esas familias le permitió ganarse su confianza y aclaró que su señalamiento se limita a la conducta del acusado. Según su relato, Arias y su pareja ofrecían rendimientos en poco tiempo. Los resultados iniciales alentaban a los inversores a aportar sumas más altas, pero las dificultades aparecieron cuando quisieron retirar el dinero.

A fines de 2023, ante los reclamos, Arias reunió a los inversores y fijó una fecha para devolverles los fondos. El plazo venció sin que cobraran, relató el letrado. Agregó que algunos integrantes de la comunidad religiosa también ofrecieron colaborar para que recuperaran sus ahorros, aunque esa ayuda no se concretó.

Otro episodio que abordó Hernández fue la denuncia por secuestro que Arias presentó en la Comisaría Tercera. De acuerdo con el abogado, la Policía revisó las cámaras de seguridad y descartó que alguien lo hubiera privado de su libertad. El letrado sostuvo que el acusado habría simulado el secuestro. También señaló que, durante la investigación, Arias intentó mudarse fuera de Tierra del Fuego y que las gestiones realizadas en la causa impidieron su salida.

El destino de los fondos sigue sin esclarecerse. Según la información que Hernández atribuyó a informes policiales, se habrían registrado ingresos por más de 16 millones de pesos y cientos de operaciones con criptomonedas. El movimiento de dinero entre distintas cuentas y plataformas dificulta seguir su recorrido. El abogado estimó, además, que podría haber personas afectadas que aún no se presentaron ante la Justicia.