Gobierno propone reforma electoral y eliminación de las PASO: se abre un complejo escenario político
El Poder Ejecutivo ha enviado al Congreso un proyecto de reforma de la ley electoral que establece un requisito más estricto para que las fuerzas políticas obtengan reconocimiento jurídico. Según la iniciativa, los partidos deberán contar con personería en al menos 10 de los 24 distritos del país. Esta propuesta se suma a la intención del Gobierno de eliminar las elecciones Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), un tema que promete generar intensos debates en el ámbito legislativo.
Para avanzar con estos cambios, el oficialismo necesitará incluir los proyectos en la convocatoria a sesiones extraordinarias. De no hacerlo, deberá esperar al inicio del próximo período legislativo, el 1 de marzo, ya que solo queda una semana para que concluya el período ordinario de sesiones. Este miércoles marcó el límite para la emisión de dictámenes necesarios para el tratamiento de estas propuestas en el recinto.
El proyecto de eliminación de las PASO plantea un escenario particularmente desafiante para el Gobierno. Con solo 39 de los 257 diputados y seis de los 72 senadores, el oficialismo deberá entablar negociaciones con las demás fuerzas políticas para alcanzar los 129 votos necesarios en la Cámara de Diputados y los 37 en el Senado que permitan modificar una ley electoral.
Entre los argumentos del Gobierno para derogar las PASO, se destaca la necesidad de evitar el gasto que implican estas elecciones. Según el proyecto, los partidos deberían resolver sus internas sin intervención del Estado nacional, reduciendo así la carga sobre los contribuyentes. Además, la propuesta elimina el financiamiento estatal para las campañas y la obligación de los medios de comunicación de emitir espacios publicitarios de propaganda electoral, dejando todo el sustento económico en manos de aportes privados.
El oficialismo también subraya que estas reformas buscan mejorar la calidad de las instituciones democráticas. Según el Ejecutivo, su aprobación representaría un avance significativo para aliviar a los ciudadanos del peso de un sistema político que, durante años, se ha sostenido con recursos estatales. Sin embargo, lograr consenso en el Congreso será una tarea compleja, ya que los bloques opositores han mostrado posturas divididas y, en algunos casos, resistencia a estas modificaciones.
En las próximas semanas, la atención estará puesta en si el Gobierno logra generar los acuerdos necesarios para llevar estos proyectos al recinto durante el verano o si, por el contrario, deberá esperar al próximo año legislativo para avanzar con su agenda de reformas.