El Registro de Deudores Alimentarios Morosos (REDAM) de Tierra del Fuego cuenta actualmente con 114 personas inscriptas, de acuerdo con la última actualización difundida a través del Boletín Oficial provincial. La nómina reúne casos incorporados en diferentes períodos y contiene registros cuyas fechas se remontan incluso a comienzos de la década del 2000.
La actualización surge de un edicto del Registro del Estado Civil y Capacidad de las Personas fechado el 14 de septiembre de 2026, en el marco de lo establecido por la Ley Provincial N°531, que regula el funcionamiento del REDAM.
Entre los datos que se desprenden de la nómina aparecen cinco registros con fechas superiores a los 20 años de antigüedad: dos corresponden a 2002, otros dos a 2003 y uno a 2004. Sin embargo, esa fecha debe interpretarse como la consignada en el registro y no necesariamente como el período completo durante el cual se mantuvo una deuda alimentaria.
Además, 25 de las 114 inscripciones tienen fechas anteriores al 14 de septiembre de 2016, por lo que llevan más de una década registradas tomando como referencia la información publicada. En el otro extremo también existen incorporaciones correspondientes a 2025 y 2026.
Cuándo una persona ingresa al REDAM
La Ley Provincial N°531 determina las condiciones para la incorporación al Registro de Deudores Alimentarios Morosos. El régimen alcanza a quienes incumplan total o parcialmente con tres cuotas alimentarias consecutivas o cinco alternadas, siempre que entre la primera y la quinta no hayan transcurrido más de 24 meses.
Las obligaciones comprendidas pueden corresponder tanto a cuotas alimentarias provisorias como definitivas, siempre que hayan sido fijadas u homologadas judicialmente.
La incorporación no se produce simplemente por una denuncia particular. El ingreso al registro está relacionado con el incumplimiento de una obligación alimentaria determinada en sede judicial y requiere la correspondiente actuación de la Justicia.
Qué consecuencias tiene aparecer en el registro
La inclusión en el REDAM genera una serie de efectos mientras la inscripción permanezca vigente. La normativa establece la utilización del certificado correspondiente para distintos trámites vinculados con el Estado provincial.
Entre ellos se encuentran determinadas habilitaciones, concesiones, licencias y permisos, además de exigencias relacionadas con proveedores y contratistas estatales.
La legislación también contempla restricciones para ciertas designaciones dentro de los poderes públicos y establece impedimentos electorales para quienes permanezcan incorporados al registro.
En ese sentido, las personas alcanzadas no pueden ser habilitadas como candidatas en elecciones provinciales, municipales o comunales mientras continúen inscriptas en el REDAM.
La actualización permite conocer la dimensión actual del registro, aunque las fechas publicadas deben analizarse con cautela. Que una inscripción figure, por ejemplo, desde 2002 no permite concluir automáticamente que exista una deuda continua durante más de dos décadas, debido a que la situación particular, los períodos reclamados y la evolución de cada obligación dependen de los respectivos expedientes judiciales.