Vialidad Nacional: trabajadores marchan al Congreso en defensa del organismo
El próximo jueves 21 de agosto, empleados y empleadas de la Dirección Nacional de Vialidad se movilizarán al Congreso de la Nación para exigir al Senado el rechazo definitivo del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 461/2025, que ordena la disolución del organismo. La iniciativa ya cuenta con la aprobación de la Cámara de Diputados y ahora está en manos de la Cámara Alta.
El Sindicato de Trabajadores Viales y Afines (STVyARA), liderado por Graciela Aleñá, presentó formalmente su oposición al DNU ante el Senado, cuestionando la legalidad, el contenido técnico y las consecuencias prácticas del cierre de Vialidad. Según el gremio, la medida pone en jaque la seguridad vial, la conectividad nacional y el desarrollo de las economías regionales.
Entre los principales argumentos, los trabajadores advierten que el estado de deterioro que ya presentan muchas rutas nacionales representa un grave peligro para quienes las transitan, y que la falta de mantenimiento podría derivar en más accidentes y pérdidas humanas. Además, alertan que la contratación de empresas privadas para cubrir las tareas que actualmente realiza Vialidad costaría entre un 15% y un 50% más al Estado.
En un documento entregado a senadores, el sindicato acusa al Poder Ejecutivo de basar el decreto en un informe del Ministerio de Transporte “plagado de errores, datos manipulados y afirmaciones sin respaldo técnico”, además de ignorar funciones clave del organismo como el control de peso vehicular, el señalamiento vial, el trabajo de cuadrillas en territorio y el relevamiento permanente del estado de la red nacional.
Otro punto señalado por el STVyARA es la “retención sistemática de fondos provenientes del impuesto a los combustibles”, sumada a la reducción presupuestaria, lo cual —aseguran— ha debilitado deliberadamente la operatividad de Vialidad durante 2024 y lo que va de 2025, en un intento de justificar su cierre.
Actualmente, la disolución del organismo se encuentra suspendida por una medida cautelar del Juzgado en lo Contencioso Administrativo N°2 de San Martín. El fallo señala que, al tratarse de un ente autárquico creado por decreto ley, su eliminación por DNU sería jurídicamente inválida. Esta resolución frena la aplicación del decreto por un plazo de seis meses mientras se resuelve el fondo del asunto.
Mientras tanto, los trabajadores buscan que el Congreso convierta esa suspensión temporal en un rechazo legislativo definitivo. “El cierre de Vialidad no solo pone en peligro empleos, sino que también representa un retroceso en materia de infraestructura y seguridad vial”, expresó Aleñá, convocando a la marcha en defensa del organismo.