Veterinarias de Río Grande cuestionan la ordenanza de guardias obligatorias
El conflicto entre el Colegio de Veterinarios de Río Grande y el Municipio sumó un nuevo capítulo luego de que todas las clínicas de la ciudad recibieran actas de infracción por no cumplir con la ordenanza que establece guardias permanentes.
El abogado Francisco Ibarra, representante legal de la entidad profesional, confirmó que las notificaciones ya fueron giradas al Juzgado de Faltas y que allí se pedirá una audiencia para impugnar la normativa. Según explicó, la estrategia apunta a que se declare la inconstitucionalidad de la ordenanza 4552.
El planteo central de la defensa es que el Concejo Deliberante no tiene competencia para imponer este tipo de obligaciones a profesionales privados, ya que, a criterio del gremio, se trata de una atribución reservada a leyes formales. “El municipio puede establecer requisitos a sus propios empleados, pero no regular la actividad de particulares”, enfatizó Ibarra en diálogo con Radio Fueguina.
El letrado también sostuvo que la imposición de guardias acarrea costos adicionales que recaen exclusivamente en los veterinarios, sin que exista un mecanismo que garantice quién afrontará esos gastos en los turnos sin consultas.
De acuerdo con lo previsto, si el Juzgado de Faltas respalda la validez de la ordenanza, se aplicarán las sanciones económicas previstas —equivalentes a 500 unidades fiscales—. En ese caso, el Colegio de Veterinarios adelantó que recurrirá a la Justicia ordinaria para continuar el litigio.
Por ahora, las multas permanecen en suspenso, pero el proceso judicial recién comienza y la disputa promete extenderse en el tiempo hasta que un tribunal superior defina los alcances de la normativa municipal.