Uno de cada seis adultos mayores sigue trabajando: el deterioro del poder adquisitivo empuja a los jubilados a prolongar su vida laboral
Según los últimos datos del INDEC, el 17,1% de los adultos en edad jubilatoria continúa trabajando, una tendencia que se concentra entre los 60 y 74 años y que revela una realidad económica cada vez más difícil para las personas mayores. Aunque la jubilación es un derecho adquirido, para muchos ya no significa estabilidad: los ingresos previsionales no alcanzan para cubrir los costos básicos de vida.
En el primer semestre de 2024, el porcentaje de jubilados pobres se duplicó, alcanzando casi el 30%, de acuerdo con un relevamiento de Statista. La situación se agrava con medidas como la quita de la cobertura del 100% en medicamentos del PAMI, que dejó a miles de beneficiarios sin acceso total a tratamientos esenciales.
Ingresos que no alcanzan
El estudio del INDEC se complementa con los datos de la Defensoría de la Tercera Edad, que estimó la canasta básica del jubilado en $1.514.074 durante octubre. Frente a ese valor, los 4,5 millones de jubilados que cobran el haber mínimo —$390.214 con bono incluido— apenas cubren una tercera parte de sus gastos esenciales.
Los beneficiarios de la Pensión Universal para Adultos Mayores (PUAM) y las pensiones no contributivas, que en septiembre recibieron $326.222, se enfrentan a la misma dificultad. Los rubros más onerosos de la canasta son medicamentos ($402.880), alimentación ($348.000) y limpieza ($107.444), sin contar los $294.000 mensuales adicionales que deben afrontar quienes no tienen vivienda propia.
Trabajo por necesidad y por elección
Si bien algunos adultos mayores deciden continuar trabajando por vocación o para mantener la rutina —profesionales, docentes o emprendedores—, la mayoría lo hace por necesidad económica.
“Cuando el trabajo es una elección, puede tener efectos positivos en la salud física y emocional. Pero cuando es una obligación para sobrevivir, genera desgaste, angustia y cansancio mental”, advierten especialistas del Centro de Cuidado Hirsch.
Los jubilados que siguen activos muchas veces lo hacen en la informalidad, donde el empleo precario se ha convertido en la única alternativa. Según el INDEC, el 43,2% de los trabajadores se desempeña en negro, cifra que incluye a numerosos adultos mayores que facturan como monotributistas o realizan tareas por cuenta propia.
Un sistema en crisis
De los 6,12 millones de beneficiarios del SIPA, el 47% cobra el haber mínimo, el 17% entre una y dos jubilaciones mínimas y apenas el 36% percibe montos mayores. Al mismo tiempo, uno de cada diez adultos mayores carece de cobertura previsional.
La ONG HelpAge International advirtió que el 73% de los adultos mayores se encuentra bajo la línea de pobreza, mientras que la brecha de género persiste: las mujeres perciben en promedio un 27% menos que los hombres.
El sistema previsional argentino, diseñado para una época de menor expectativa de vida, se encuentra hoy tensionado: la población vive casi hasta los 80 años, pero la base de aportantes se redujo por la caída del empleo formal.
Reformas y desafíos
En el Congreso aguardan debate proyectos que buscan reformar el sistema previsional, incluyendo la elevación gradual de la edad jubilatoria a 70 años para 2030, la creación de una Prestación Básica Universal (PBU) y una Prestación Proporcional (PP). También se plantea eliminar el requisito de 30 años de aportes y revisar la fórmula de movilidad de los haberes.
Sin embargo, expertos advierten que sin crecimiento económico ni generación de empleo registrado, cualquier reforma será insuficiente. La informalidad laboral y el bajo nivel de aportes amenazan la sustentabilidad de un sistema que, hoy, no garantiza un retiro digno para quienes dedicaron su vida al trabajo.