Una madre de Ushuaia denuncia que le impiden ver a su hija por un diagnóstico que considera erróneo
Marilina Ríos, una vecina de Ushuaia, atraviesa una situación dolorosa desde hace siete meses. Según denuncia, no puede ver a su hija de 11 años debido a una decisión judicial basada en un diagnóstico psiquiátrico que ella asegura no tener. En su testimonio, afirma que incluso se ve obligada a tomar medicación que no necesita, sólo con la esperanza de poder recuperar el vínculo con la menor.
“Estoy tomando pastillas que no son para mí, sólo porque me dijeron que era necesario si quería volver a ver a mi hija. Pero sé que no tengo la enfermedad que me atribuyen”, expresó con angustia. El diagnóstico, identificado como F22, data de 2014 y, según Ríos, fue utilizado como base para retirarle la tenencia de su hija y otorgársela temporalmente a sus padres, sin que ella fuera debidamente notificada.
La mujer, madre soltera, relata que su vínculo familiar ha sido históricamente conflictivo, lo cual también habría influido en las decisiones judiciales. En su testimonio, sostiene que el informe clave que avala su presunta inestabilidad mental se originó en una denuncia realizada años atrás en un contexto distinto, e incluso sugiere que la existencia del diagnóstico podría haber estado relacionada con gestiones para acceder a una pensión nacional.
“Me están tratando como si estuviera incapacitada, como si no existiera. No puedo ejercer mi derecho a defenderme”, reclama. Además, señala que no cuenta con un abogado particular y que su defensora oficial respalda el diagnóstico sin considerar su versión ni aceptar nuevas pruebas. “Me atendió tres veces y lo único que me dice es que haga lo que ordena el juez”, lamentó.
Ríos también cuestiona cómo se utilizaron informes escolares para reforzar la idea de que no estaba en condiciones de cuidar a su hija. “Porque llegaba tarde al colegio o porque me quejé de algunos docentes por situaciones de bullying, eso lo usaron en mi contra”, asegura. También apunta contra su madre, a quien considera una de las principales responsables de su actual situación, por haber declarado que ella era “agresiva” y “peligrosa”.
“Se están vulnerando mis derechos y los de mi hija. Me siento silenciada, no me dejan presentar testigos, no me notifican, y ahora ella está bajo guarda de mis padres por orden judicial hasta fin de año”, explicó. En su relato, afirma que no sólo se le impide defenderse, sino que su teléfono está intervenido y que toda la situación parece sacada de una película de ficción. “Pero tengo esperanza de que esto se aclare, de que alguien escuche”, concluyó.
Ríos pide que se revise el caso con perspectiva de derechos humanos y que la Fiscalía intervenga para presentar un recurso de amparo. Mientras tanto, sigue esperando que la Justicia le devuelva la posibilidad de ver a su hija.