RÍO GRANDE.— Desde el 5 de septiembre, el Registro de la Propiedad Automotor Nº 1 permanece cerrado y sin atención. La clausura del servicio ya cumplió un mes y dejó a vecinos, gestores y concesionarias sin respuestas para transferencias, inscripciones y certificaciones básicas.

El origen del conflicto fue la decisión del apoderado de la titular de la seccional, Ana María Mingorance —internada por un delicado cuadro de salud—, de despedir a todo el personal por “fuerza mayor”. En el esquema de concesión que rige a nivel nacional, esos trabajadores no dependen del Estado ni de la DNRPA, sino de la titular del registro, por lo que los reclamos salariales e indemnizatorios se tramitan de forma privada.

A la par del apagón de ventanillas, la Dirección Nacional de los Registros de la Propiedad Automotor no consiguió aún designar una intervención que retome la conducción administrativa. Hubo ofrecimientos —incluso a exempleados—, pero nadie aceptó hacerse cargo de una oficina sin equipo, con baja rentabilidad y con una pila de expedientes pendientes de gestión.

Entre las alternativas que se barajan en la DNRPA, trascendió la posibilidad de dividir el archivo del Nº 1 y repartirlo entre los tres registros activos de la ciudad (Nº 2, 3 y 4). La medida implicaría un complejo trabajo de redistribución digital y física de legajos, y por ahora carece de confirmación oficial o plazos.

Mientras tanto, la postal se repite: persianas bajas, trámites suspendidos por tiempo indeterminado y usuarios que desconocen cuándo podrán retomar gestiones cotidianas de la propiedad automotor. Los empleados despedidos, por su parte, siguen esperando el pago de haberes e indemnizaciones por parte de la titular.

El final permanece abierto: o bien se nombra de urgencia un interventor que reactive el seccional, o se avanza con la reubicación definitiva de su documentación. En cualquiera de los casos, la ciudad aguarda que se restablezca un servicio clave para su vida administrativa y comercial.