La puja entre el Ejecutivo y el Concejo Deliberante de Tolhuin escaló a los tribunales. El secretario Legal y Técnico, Alexis Solís, confirmó que el Municipio presentó una acción de inconstitucionalidad ante el Superior Tribunal de Justicia para frenar lo que denominó “excesos presupuestarios” del cuerpo legislativo.

De acuerdo con Solís, el presupuesto vigente —aprobado mediante la ordenanza N.º 673— asignó al Concejo más de $1.820 millones para su funcionamiento. Ese monto, señaló, se ejecutó por completo en agosto y, pese a ello, los ediles reclamaron $205 millones adicionales de forma inmediata y proyectan $650 millones extra hasta fin de año. La cifra total treparía así a más de $2.500 millones.

El funcionario fue más allá y tradujo el gasto en una medida por banca: “Estamos hablando de que cada concejal cuesta $500 millones al erario. No hay detalle de personal, contratos ni gastos corrientes; solo notifican que necesitan más plata”, cuestionó en diálogo con FM La Isla.

Para el Ejecutivo, acceder a esos refuerzos implicaría desfinanciar áreas sensibles. “Con lo que piden podríamos asfaltar más de 600 metros de calles o comprar motores para la generación de energía que hoy requiere la ciudad. Es un disparate”, remarcó Solís, al vincular el reclamo con prioridades comunitarias pospuestas.

El conflicto, además, dejó secuelas en la agenda municipal. Solís advirtió que la tensión ya obliga a suspender programas y eventos, entre ellos la Fiesta de los Antiguos Pobladores, y habló de un “riesgo para el normal funcionamiento” de la administración. “Esto no es un problema operativo, sino de clientelismo que pretende llevarse por delante al Municipio”, disparó.

En el plano político, el funcionario sostuvo que los ediles desoyen la responsabilidad fiscal y responden a alineamientos partidarios. “No creo que los vecinos hayan votado a cuatro o cinco para alimentar su dieta”, señaló. También contó que el Concejo no acudió a una mesa de diálogo convocada para reordenar gastos: “Nos informaron que solo asistirían si se les pagaba. Es un papelón”.

La demanda judicial procura que el STJ declare inconstitucional la ordenanza que habilita mayores partidas, por contravenir —según el escrito— la Constitución provincial, la Ley de Responsabilidad Fiscal y la normativa presupuestaria. Mientras se aguarda una definición, el Ejecutivo insiste en que no hay margen para nuevos giros y que la prioridad es sostener servicios y obras esenciales para los vecinos.