Tierra del Fuego exige mayor inversión en gas durante audiencia por la prórroga a Camuzzi
Durante la audiencia pública organizada por el Ente Nacional Regulador del Gas (ENARGAS), el Gobierno de Tierra del Fuego reclamó que el nuevo plan de inversiones de Camuzzi Gas del Sur contemple de forma concreta las necesidades energéticas de la provincia.
La ministra de Obras y Servicios Públicos, Gabriela Castillo, representó a la provincia en el encuentro, donde se analizó la extensión del contrato de concesión de la empresa distribuidora y el alcance de las futuras obras en el sistema de transporte y distribución de gas natural.
En su intervención, la funcionaria fueguina advirtió sobre la necesidad de que las decisiones en materia energética incluyan una visión verdaderamente federal, que no excluya a los territorios más australes del país. “Tierra del Fuego forma parte del mapa gasífero nacional y debe ser contemplada en cada etapa de planificación”, afirmó.
Uno de los ejes centrales del planteo provincial fue la ampliación del acceso al servicio. Castillo destacó que la meta del Gobierno fueguino es que la totalidad de las familias cuente con gas natural, y que eso solo será posible si los planes de inversión privados y estatales se adaptan a la realidad local.
A su vez, recordó que el crecimiento sostenido de usuarios en la provincia fue posible gracias al aporte directo del Estado fueguino, que construyó redes de distribución, gasoductos y estaciones reguladoras, incluso en contextos de recorte nacional.
La ministra también subrayó que Tierra del Fuego ha sostenido, con fondos propios, diversas obras de infraestructura energética, a pesar de la falta de apoyo presupuestario del Estado nacional. Por eso, reclamó que los nuevos compromisos de inversión incluyan a los usuarios fueguinos que aún no tienen acceso al gas natural, y que tanto Camuzzi como los organismos nacionales den respuestas acordes a las necesidades del sur.
Finalmente, Castillo insistió en la necesidad de un compromiso concreto, con metas claras y plazos definidos, para garantizar que los planes energéticos nacionales no dejen a Tierra del Fuego al margen de los beneficios del desarrollo.