Río Grande refuerza el respeto a la identidad de género en denuncias por violencia
La Fiscalía especializada en Violencia de Género del Distrito Judicial Norte y la Comisaría de Género y Familia de Río Grande han establecido un protocolo conjunto para asegurar que todas las denuncias sean tomadas con perspectiva de género, respetando la identidad autopercibida de cada persona.
Este trabajo coordinado tiene como objetivo garantizar una atención digna, libre de revictimización, y ajustada al marco legal vigente. Según explicó el secretario de la Fiscalía, Federico Saldivia, ya se aplicaron estos criterios en casos recientes, incluyendo una causa en flagrancia donde se respetó plenamente el derecho a la identidad autopercibida de la persona denunciante.
Uno de los ejes centrales del acuerdo es asegurar que las personas trans o no binarias que acudan a denunciar sean registradas con el nombre y pronombres que elijan, sin importar si su DNI refleja otra identidad. También se brindará atención en espacios adecuados, sin demoras, con lenguaje accesible y medidas de protección inmediatas, como el botón antipánico o restricciones de acercamiento.
El procedimiento se fundamenta en tres leyes clave: la Ley 26.485 de protección integral contra la violencia hacia las mujeres, la Ley 26.743 de identidad de género y la Ley Micaela (27.499), que exige la formación en perspectiva de género a todo el personal estatal, incluyendo las fuerzas policiales.
Desde el Ministerio Público Fiscal se destacó la necesidad de fortalecer permanentemente la capacitación del personal, tanto administrativo como policial, para asegurar una atención respetuosa y efectiva. La confidencialidad, la escucha activa y el acompañamiento son parte del enfoque que se busca consolidar.
“Este tipo de avances no son solo técnicos, son profundamente humanos. Se trata de garantizar que cualquier víctima de violencia que se acerque a la justicia lo haga sabiendo que será respetada en su identidad y protegida como corresponde”, expresó Saldivia.
La implementación del protocolo apunta a sentar un precedente en el trato institucional hacia personas del colectivo LGBTI+, promoviendo una justicia más inclusiva, empática y ajustada a derechos.