Reforma laboral: qué cambios propone el Gobierno para los juicios y cuáles son los puntos que generan más dudas
El proyecto de reforma laboral que impulsa el gobierno de Javier Milei introduce una serie de modificaciones al sistema de juicios laborales con el objetivo declarado de reducir la litigiosidad y dar mayor seguridad jurídica a empresas y pymes, aunque varios puntos despiertan dudas entre especialistas y sectores laborales sobre sus efectos prácticos y posibles controversias judiciales.
El Gobierno argentino presentó una parte clave de su reforma laboral centrada en reformar el régimen de juicios laborales, apuntando a bajar el elevado número de causas pendientes y mejorar la previsibilidad del sistema judicial en esta materia. Según informes del Instituto para el Desarrollo Social Argentino (Idesa), actualmente hay más de 637.000 juicios laborales en trámite, que equivalen aproximadamente al 10% de los trabajadores registrados del sector privado.
La iniciativa propone varios cambios concretos en los procesos judiciales. Entre ellos, establece un régimen legal para actualizar los créditos laborales, habilita el pago de sentencias en hasta 12 cuotas para las pymes con control judicial, y aclara que la base de cálculo de la indemnización no incluirá conceptos no mensuales como aguinaldo, vacaciones o premios no habituales, buscando así acotar los márgenes de reclamo.
En materia de riesgos del trabajo, el proyecto fija un plazo de 90 días para que se constituyan Cuerpos Médicos Forenses en las jurisdicciones adheridas y propone desvincular los honorarios de los peritos del monto final del juicio o del porcentaje de incapacidad, un punto que según algunos especialistas ha incentivado históricamente la judicialización de casos.
La iniciativa también introduce cambios procesales importantes:
- La indemnización por despido sin causa sería total y cancelatoria, lo que significa que una vez pagada no podría iniciarse otro reclamo por esa misma causa.
- Se exige que la prueba se ofrezca al comienzo del proceso, eliminando algunos plazos más flexibles actuales.
- Se elimina el impulso de oficio del juez, por lo que el avance del juicio dependerá de las partes.
- Se establece la caducidad de la instancia si no hay actividad por seis meses, y los juicios contra el Estado quedarían fuera del fuero laboral, pasando al contencioso administrativo.
Expertos legales advierten que algunas de estas normas podrían generar futuras disputas judiciales o interpretativas si no se ajustan con precisión en la ley final. A la vez, la reforma mantiene etapas previas como la conciliación obligatoria antes de iniciar un juicio, en un intento de equilibrar la agilidad con garantías procesales para empleados y empleadores.
En definitiva, la reforma busca responder a un reclamo empresario de que la litigiosidad laboral es un problema que afecta a la competitividad y previsibilidad del mercado laboral, pero todavía genera incertidumbre y debate sobre cómo impactarán estas modificaciones en derechos laborales y en la práctica judicial cotidiana.