Qué pasa si dejo de pagar la tarjeta de crédito: consecuencias legales, financieras y judiciales
Ante un escenario económico marcado por tasas de interés que resultan asfixiantes, cada vez más usuarios se preguntan qué sucedería si tomaran la drástica decisión de dejar de pagar la tarjeta de crédito.
Aunque la Ley 25.065 de Tarjetas de Crédito establece un marco de protección para los consumidores, el incumplimiento total del pago puede desencadenar graves consecuencias financieras y legales que afectan durante años la capacidad crediticia de una persona.
Un laberinto de intereses
El problema suele comenzar con el costo del financiamiento. Cuando no se abona el total del resumen, se activan los intereses compensatorios; y si ni siquiera se paga el mínimo, se suman los intereses punitorios.
Ejemplo del mercado actual:
- Tasa Nominal Anual (TNA): 90,15%
- Costo Financiero Total Nominal Anual (CFTNA): 109,08%
- Intereses punitorios: misma TNA
Estos porcentajes reflejan cómo una deuda puede multiplicarse rápidamente, generando un ciclo de endeudamiento difícil de revertir.
Qué dice la ley
La Ley 25.065, en su artículo 16, establece que el interés financiero no puede superar en más de un 25% a la tasa que la entidad aplica a los préstamos personales.
Además, el artículo 18 prohíbe la capitalización de intereses punitorios, es decir, los bancos no pueden cobrar “intereses sobre intereses”.
Sin embargo, estos límites legales no impiden que, en la práctica, el costo total de una deuda impaga sea enorme debido a la acumulación de cargos, comisiones e impuestos.
Las consecuencias inmediatas del impago
Cuando se interrumpe el pago, se activa un protocolo de cobro estándar por parte de la entidad emisora:
- Intimación de pago:
El banco o los estudios de cobranza comienzan con llamados, correos y notificaciones para exigir el cumplimiento. - Incorporación al Veraz:
El deudor pasa a las bases de datos de riesgo crediticio (Veraz o Nosis), lo que implica inhabilitación inmediata para acceder a nuevos créditos o financiaciones. - Baja o bloqueo de la tarjeta:
La entidad puede bloquear y cancelar la tarjeta, e incluso debit ar automáticamente fondos de otras cuentas que el cliente tenga en el mismo banco, si el contrato lo permite.
Qué puede hacer el banco judicialmente
Si la deuda persiste, la entidad puede iniciar acciones legales, aunque no de manera automática. La ley impone límites claros al accionar judicial de los bancos:
- Juicio ejecutivo prohibido:
El artículo 14 inciso h declara nulas las cláusulas que habiliten la vía ejecutiva directa. Es decir, el banco no puede ejecutar la deuda solo con el resumen de cuenta. - Preparación de la vía ejecutiva:
Según el artículo 39, la entidad puede presentar el contrato original y los resúmenes ante un juez para que se reconozca la deuda. Solo con esa aprobación puede iniciarse un juicio. - Embargo de bienes o sueldo:
Si el proceso judicial concluye con sentencia en contra del deudor, el juez puede autorizar embargos sobre su sueldo (por la parte que exceda el salario mínimo) o sobre bienes como vehículos, inmuebles o cuentas bancarias.
¿La deuda desaparece con el tiempo?
Existe una creencia extendida de que las deudas “caducan” a los cinco años, pero en el caso de las tarjetas de crédito los plazos son diferentes.
El artículo 47 de la Ley 25.065 establece que:
- La acción ejecutiva prescribe al año.
- Las acciones ordinarias prescriben a los tres años.
Esto significa que el banco dispone de hasta un año para preparar la vía ejecutiva y tres años para iniciar un juicio ordinario.
Sin embargo, cualquier pago parcial o notificación formal interrumpe la prescripción y reinicia el conteo. Por eso, dejar de pagar con la esperanza de que la deuda “desaparezca” no solo es una estrategia riesgosa, sino que en la práctica casi nunca resulta efectiva.
Impacto en la vida financiera
Las consecuencias de incumplir con una tarjeta de crédito pueden extenderse durante varios años. Afectan la posibilidad de acceder a créditos hipotecarios, personales, compras financiadas e incluso alquileres.
Además, las entidades financieras suelen compartir información interna de riesgo, por lo que el registro negativo puede mantenerse activo aun después de saldar la deuda, demorando la rehabilitación crediticia del titular.
En síntesis, dejar de pagar la tarjeta no elimina el problema, lo multiplica: el costo financiero crece, la reputación crediticia se destruye y el riesgo judicial aumenta con el tiempo.