Proponen una ley para frenar los aumentos sorpresivos en combustibles
En un escenario de inflación superior al 50% anual y con subas constantes en naftas, gasoil y GNC, ingresó a la Cámara de Diputados un proyecto que busca poner límite a los aumentos sin previo aviso. La iniciativa establece que las empresas del sector deberán comunicar cualquier variación de precios con al menos 72 horas de anticipación, con multas millonarias en caso de incumplimiento.
Transparencia y derecho a la información
La propuesta apunta a brindar previsibilidad a consumidores y transportistas, quienes suelen enfrentarse a incrementos inesperados que impactan de manera directa en la economía cotidiana. Los fundamentos destacan que los combustibles no son un lujo, sino un insumo esencial que incide en el transporte, la logística y el costo final de los alimentos y productos básicos.
Obligaciones y plazos
El texto establece que las compañías deberán informar los cambios con 72 horas de antelación a estaciones de servicio y al organismo de control, mientras que para los consumidores el plazo será de 48 horas. La notificación deberá incluir el porcentaje o monto del ajuste, la fecha exacta de aplicación y una justificación técnica y económica.
Canales de difusión
La normativa exige que la información sea publicada en los sitios web oficiales de las empresas, en carteleras visibles de las estaciones de servicio, en al menos dos medios de alcance nacional y en el portal del ente regulador. Solo quedarán exceptuados los aumentos derivados de cambios impositivos o regulaciones urgentes del Estado.
Multas y sanciones
En caso de incumplimiento, se prevé la aplicación de multas que van de 10 a 10.000 salarios mínimos vitales y móviles, además de la posibilidad de suspender la comercialización o disponer clausuras temporales en casos de reincidencia.
Referencias internacionales
La propuesta se inspira en mecanismos vigentes en otros países de la región, donde la obligación de comunicar con antelación redujo la incertidumbre en mercados altamente concentrados y fortaleció la protección de los consumidores. Según se argumenta, la medida permitiría además un mejor monitoreo estatal de la evolución de precios y la detección de eventuales prácticas abusivas.