Proponen impedir la carga de combustible a deudores de cuota alimentaria
Una estudiante de Derecho y comunicadora mediática presentó un proyecto que apunta de lleno a quienes no cumplen con la cuota alimentaria: impedirles cargar combustible en sus vehículos hasta regularizar su deuda. La iniciativa surge de la combinación entre su formación académica, sus experiencias personales y una militancia sostenida por los derechos de las madres y de las infancias.
La propuesta plantea que las personas registradas como deudoras alimentarias no puedan cargar nafta, gas ni energía para autos eléctricos en ninguna estación de servicio del país. Antes de habilitar la operación, el sistema exigiría la identificación de quien carga el combustible mediante DNI —digital o físico— y cruzaría esos datos con un registro unificado de deudores.
Si la persona se encontrara en la base de datos como deudora, la carga sería bloqueada automáticamente, sin importar el medio de pago utilizado, ya sea efectivo, tarjeta o billetera virtual. El eje del proyecto es claro: priorizar el cumplimiento de las obligaciones con los hijos por encima de determinados gastos de consumo personal.
La impulsora de la iniciativa remarca que el combustible se ha transformado en un bien indispensable para la vida cotidiana y el trabajo, por lo que restringir su acceso a quienes adeudan la cuota alimentaria funcionaría como una fuerte herramienta de presión. “Si hay recursos para llenar el tanque, también debería haberlos para llenar la heladera”, sintetiza el espíritu del planteo.
El proyecto también abre un debate técnico y jurídico: sería necesario articular estaciones de servicio, organismos recaudadores y registros de deudores alimentarios, garantizando la protección de datos personales y el respeto de las garantías constitucionales. Al mismo tiempo, reaviva la discusión sobre qué mecanismos son legítimos y efectivos para combatir el incumplimiento de la cuota alimentaria.
Más allá de las controversias que genera, la propuesta vuelve a poner en primer plano un problema estructural: miles de niños, niñas y adolescentes ven vulnerados sus derechos por el incumplimiento económico de uno de sus progenitores. El proyecto busca, justamente, que el sistema deje de tolerar esa conducta y que el costo de no pagar lo que corresponde deje de recaer sobre las infancias.