Procesan a una empleada del Banco Nación en Caleta Olivia por estafas a clientes
Una trabajadora del Banco Nación, sucursal Caleta Olivia, fue procesada por realizar extracciones no autorizadas de las cuentas de al menos siete clientes, entre diciembre de 2021 y mayo de 2022. Las maniobras fueron registradas por las cámaras de seguridad de la entidad y el perjuicio económico total asciende a 948.600 pesos.
El fallo fue dictado por el juez federal Claudio Vázquez, quien también ordenó un embargo preventivo de cinco millones de pesos sobre los bienes de la acusada. La investigación está a cargo del fiscal federal Lucas Colla, con la colaboración de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA).
La empleada enfrenta cargos por fraude contra la administración pública y violación de deberes de funcionario público, al tratarse de una trabajadora de una institución estatal, lo que la encuadra legalmente como funcionaria pública.
El caso se inició tras un informe interno del banco que alertaba sobre conductas sospechosas. Según la denuncia, la imputada realizaba extracciones de dinero sin conocimiento ni autorización de los titulares y colocaba los fondos en su poder personal, ya sea en su billetera o anotándolos en un cuaderno.
En marzo de 2024, y luego de que la fiscalía solicitara la declaración indagatoria, la defensa de la acusada intentó cerrar el caso mediante un acuerdo de conciliación con el banco, ofreciendo una reparación económica de tres millones de pesos. El juzgado, en un principio, aceptó el acuerdo.
Sin embargo, el Ministerio Público Fiscal apeló esa decisión, argumentando que no correspondía aplicar ese tipo de solución en un caso de corrupción, dada la calidad de funcionaria pública de la acusada. En línea con esta postura, la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocó la homologación del acuerdo conciliatorio, dando luz verde para que la causa continúe su curso judicial.
Los camaristas Javier Leal de Ibarra y Aldo Suárez respaldaron la apelación de la fiscalía, destacando que las normas vigentes imponen un tratamiento más riguroso para quienes ocupan funciones públicas y traicionan la confianza depositada en ellos.
Según consta en el expediente, la empleada se habría aprovechado de su posición y de la confianza dentro del ámbito laboral para acceder a autorizaciones internas necesarias para llevar a cabo las transacciones ilegales. Para el juez Vázquez, las pruebas reunidas permiten concluir que las acciones fueron intencionales y con ánimo de lucro.