La educación fueguina atravesó un arranque de año particularmente complejo. Un informe de la Secretaría de Gestión Educativa —mencionado en el dictamen 10/25 de la Fiscalía de Estado— contabilizó que el 56% de los días de clase previstos no se dictaron durante el primer semestre.

El calendario fijaba 88 jornadas lectivas y 50 resultaron afectadas por medidas de fuerza. El detalle oficial discrimina 16 días por paros y 34 por desobligaciones docentes, una combinación que desarticuló la continuidad pedagógica en todas las modalidades.

El dato vuelve a tensar la relación entre el Ejecutivo provincial y el SUTEF, que mantiene un reclamo salarial sostenido desde comienzos de año. Mientras el Gobierno remarca que presentó “ofertas sucesivas” en paritarias, el sindicato afirma que los sueldos siguen por debajo de la canasta básica local y que las propuestas “no alcanzan” frente al costo de vida en la isla.

Desde la administración provincial señalan que el esfuerzo presupuestario ya se trasladó a los aumentos ofertados y que la prioridad es “normalizar el dictado de clases”. En el gremio responden que la pérdida de poder adquisitivo de los salarios docentes acumulada en los últimos meses hace inevitable profundizar el plan de lucha.

La combinación de paros y desobligaciones, advierten especialistas consultados por ambas partes, impacta con fuerza en los aprendizajes y en los ritmos de recuperación de contenidos, especialmente en los cursos con evaluaciones claves.

Con el segundo semestre en marcha, el desafío inmediato pasa por recomponer el diálogo paritario y acordar mecanismos de recuperación de contenidos que permitan reducir el ausentismo académico. En paralelo, el Ejecutivo y el sindicato volverán a sentarse a negociar con la presión creciente de las familias, que piden previsibilidad y clases efectivas.