Preocupación en Tierra del Fuego: alerta por el futuro de la industria textil local
En medio de un escenario nacional adverso, la industria textil de Tierra del Fuego volvió a estar en el centro de la agenda durante una reciente reunión de la Comisión del Área Aduanera Especial (CAAE), realizada en la ciudad de Río Grande. La crisis del sector fue expuesta por autoridades provinciales, sindicatos y cámaras industriales, quienes coincidieron en la urgencia de implementar medidas que eviten un colapso productivo y social.
La reunión, que tuvo lugar en la sede local de la Dirección General de Aduanas, contó con la participación de funcionarios nacionales, representantes de la Unión Industrial Fueguina (UIF), la Cámara Fueguina de la Industria Nacional (CAFIN), la UOM y ASIMRA. En representación del Gobierno provincial, asistió la ministra de Producción y Ambiente, Karina Fernández, quien expresó su “profunda preocupación” por la situación que atraviesan las plantas textiles en la isla.
Uno de los puntos más delicados fue el caso de Australtex S.A., empresa que actualmente opera bajo una medida cautelar dictada por la Justicia Federal de Río Grande. La firma enfrenta trabas para acceder a los beneficios fiscales del subrégimen industrial, debido a la negativa del Ejecutivo nacional a reconocer la acreditación de origen de ciertos productos fabricados con insumos locales. Esta decisión, impulsada por la Subsecretaría de Gestión Productiva, amenaza con paralizar la producción y dejar a numerosos trabajadores sin empleo.
Los actores del sector señalaron que las exigencias actuales —establecidas bajo el Decreto 594/23— resultan inviables, especialmente para un rubro que requiere previsibilidad y condiciones estables para funcionar. En particular, remarcaron la falta de proveedores nacionales que permitan cumplir con los porcentajes de integración exigidos, y pidieron una revisión de estas condiciones para no condenar a las empresas a la inactividad.
Durante el encuentro también se trataron otros temas técnicos como autorizaciones de producción, acreditaciones de origen y gestiones aduaneras, pero el foco estuvo claramente puesto en el impacto social que tendría una caída del sector textil: pérdida de empleo, debilitamiento de la economía local y retroceso de una industria históricamente fortalecida por el régimen de promoción fueguino.
Las entidades presentes solicitaron al Gobierno nacional diferir el tratamiento de ciertas acreditaciones y aplicar criterios de mayor flexibilidad, en función de la coyuntura que atraviesa el país y la necesidad de resguardar el entramado productivo fueguino.
Desde la CAFIN, advirtieron que «la industria textil no tiene margen para esperar indefinidamente decisiones políticas», y alertaron sobre las consecuencias de una posible parálisis del sector: «No se trata solo de fábricas, sino de cientos de familias que dependen de esta actividad para subsistir».
Al cierre de la jornada, se acordó continuar el diálogo con Nación, aunque los representantes locales manifestaron que el tiempo apremia y que la falta de respuestas concretas podría tener consecuencias irreversibles para el empleo y la economía fueguina.