Preocupación en Río Grande: Sueño Fueguino despidió a 35 trabajadores por freno a exportaciones
La industria textil en Tierra del Fuego atraviesa un momento crítico. En las últimas horas, la empresa Sueño Fueguino, con planta en Río Grande, confirmó el despido de 35 trabajadores, entre personal permanente y temporario. La decisión se tomó ante la imposibilidad de continuar con las exportaciones, situación que se agravó por conflictos judiciales y presiones de organismos nacionales.
Raúl Paderne, abogado de la firma, explicó que la empresa enfrentaba restricciones operativas desde hace semanas. Según indicó, Sueño Fueguino venía sosteniéndose bajo una medida cautelar que le permitía exportar, pero la misma fue revocada recientemente por la Cámara Federal de Apelaciones, dejando a la fábrica en un escenario incierto.
“El conflicto legal aún no está resuelto, pero mientras tanto no nos permiten trabajar. Estamos frente a un bloqueo de facto”, sostuvo Paderne. Aseguró que se trata de una situación sin precedentes y que desde Nación se está presionando a las autoridades locales y a la Aduana para frenar la actividad, a pesar de no existir resolución firme en contra.
El abogado fue categórico al apuntar contra el subsecretario de Gestión Productiva de la Nación, Javier Cardini, a quien acusó de actuar “sin importar las consecuencias sociales”. “Para ellos, los trabajadores son solo un número. Pero detrás de cada puesto hay una familia”, expresó.
De los 35 despidos confirmados, 30 corresponden a personal contratado de forma temporal y los 5 restantes a trabajadores efectivos de planta. Según la empresa, esta medida fue inevitable tras un mes completo sin poder mover mercadería.
Paderne también se refirió al impacto más amplio que atraviesa el sector: “No es solo Sueño Fueguino. Otras fábricas están igual. Cordonsed ya confirmó su situación, y hay otras textiles en la misma línea. Esto no es un hecho aislado, es un deterioro sistemático”.
Además, destacó que la raíz del conflicto se remonta a normativas del gobierno anterior, que, según él, la actual administración sigue ejecutando sin revisar su impacto. “No es una cuestión partidaria. Es una lógica de arbitrariedad que se mantiene”, declaró.
Finalmente, advirtió que si no hay respuestas rápidas, los procesos judiciales en curso perderán sentido: “Cuando lleguen los fallos, ya no quedarán fábricas ni operarios en pie. No se puede litigar contra el tiempo”.