Personas con discapacidad reclaman medidas reales y denuncian abandono institucional en Tierra del Fuego
A través de un documento crítico, el Colectivo Provincial de Discapacidad “Fuertes y Unidos” expuso una serie de reclamos que reflejan el malestar y la frustración de las personas con discapacidad en Tierra del Fuego. En el comunicado, denuncian falta de acciones concretas por parte del Estado, deficiencias en salud, educación, accesibilidad y empleo, además de situaciones puntuales de maltrato.
Uno de los puntos más fuertes del texto es la acusación directa hacia una trabajadora de seguridad del Banco de Tierra del Fuego, sede Ushuaia, quien habría impedido que una persona con discapacidad accediera al baño en una situación urgente. “Repudiamos este tipo de conductas que vulneran derechos fundamentales”, expresaron desde el colectivo.
Asimismo, el documento pone en evidencia la precariedad del acompañamiento educativo en niveles terciarios y universitarios. A pesar de que cada vez más jóvenes con discapacidad finalizan la escuela secundaria, quienes deciden continuar sus estudios superiores se encuentran, según denuncian, sin ningún tipo de apoyo institucional. “Los estudiantes quedan librados a su suerte, porque el nivel terciario no es obligatorio y nadie se hace cargo”, remarcaron.
Desde el colectivo también cuestionaron el uso superficial de conceptos como “inclusión”, advirtiendo que muchas veces se repite por compromiso discursivo, pero sin traducirse en políticas efectivas. “Hablar de inclusión sin acciones reales es una falta de respeto a nuestra lucha diaria”, afirman.
El texto también reclama la aplicación efectiva de la ley de cupo laboral para personas con discapacidad en el ámbito provincial, y denuncia la exclusión de las propias personas con discapacidad en las reuniones entre la Secretaría de Discapacidad y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). “Hablan por nosotros, sin nosotros”, critican.
La situación de salud también fue abordada con dureza. Denuncian demoras graves por parte de la OSEF para autorizar tratamientos y entregar certificados, además de señalar que muchos profesionales que trabajan con personas con discapacidad llevan meses sin cobrar. “Somos tratados como expedientes, no como personas”, sostienen.
Finalmente, el colectivo adelantó una postura política clara frente al actual contexto nacional: “La violencia, el abandono y el ajuste no van a quedar impunes. En octubre vamos a votar en contra de quienes no respetan nuestros derechos. Que la inclusión sea real, para todes”.