Padres recurren a la Justicia para garantizar la continuidad educativa en Río Grande
Ante la persistente interrupción del ciclo lectivo, familias de alumnos que asisten a la Escuela Provincial N.º 32 de Río Grande decidieron presentar un recurso de amparo contra el Gobierno de Tierra del Fuego, reclamando que se garantice el derecho a la educación de sus hijos.
La presentación judicial fue impulsada de forma colectiva por madres y padres preocupados por la grave situación que atraviesa la institución, donde, según sus estimaciones, solo se han dictado clases en un 30% de los días del calendario escolar 2025. Esto representa menos de 60 jornadas efectivas sobre un total de 180 previstas.
Entre las causas del ausentismo docente, los padres señalaron medidas gremiales, asambleas, desobligaciones y problemas edilicios como la falta de calefacción, sin dejar de reconocer que el reclamo sindical es legítimo. Sin embargo, aclaran que el recurso no está dirigido contra el gremio docente SUTEF, sino contra el Estado provincial, al que acusan de no garantizar el acceso a la educación pública, como lo establece la Constitución.
“El derecho de huelga no puede anular el derecho de aprender”, sostienen en la demanda, que exige una intervención urgente del Ministerio de Educación. El abogado patrocinante del grupo recordó que existen antecedentes judiciales similares que prosperaron en la provincia, y que en este caso también se busca que la Justicia imponga medidas concretas con plazos y sanciones ante eventuales incumplimientos.
Además del impacto inmediato en los aprendizajes, los padres remarcan que la falta de continuidad escolar acentúa las desigualdades sociales y pone en riesgo las oportunidades futuras de los estudiantes, al limitar tanto su acceso al conocimiento como su proyección a niveles educativos superiores o al mercado laboral.
El escrito fue ingresado este lunes 1° de septiembre en los tribunales de Río Grande y se espera que la Justicia resuelva rápidamente si da lugar a la medida cautelar solicitada, que podría incluir multas o apercibimientos al Ejecutivo fueguino si no restablece el servicio educativo de forma continua.