Observaciones del Tribunal de Cuentas por fallas administrativas en Educación
Un reciente informe del Tribunal de Cuentas puso bajo la lupa una serie de trámites realizados por el Ministerio de Educación vinculados al convenio de asistencia técnica firmado con la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Buenos Aires. Tras revisar un conjunto de expedientes correspondientes a pagos efectuados durante 2023, los auditores advirtieron numerosas falencias administrativas que obligan a la cartera educativa a corregir sus procesos internos.
La revisión alcanzó documentación vinculada a facturas emitidas entre enero y agosto del año pasado, todas encuadradas en el convenio suscripto en 2020. Aunque el organismo de control aclaró que no se verificó un perjuicio económico directo para la Provincia, sí remarcó que el tratamiento de los expedientes presentó serias deficiencias, desde información incompleta hasta incoherencias en las certificaciones del servicio.
Entre los puntos señalados se destacan la ausencia de conformidades finales exigidas por normativa, diferencias entre las tareas que se habían acordado y las que finalmente se facturaron, y comprobantes sin detalle de horas trabajadas. El Tribunal también subrayó que los informes enviados por la UBA y las certificaciones emitidas por Educación no coincidían: algunas planillas incluían personal que no figuraba en los registros oficiales o que aparecía asignado a otros programas y con montos distintos.
Los equipos contables y legales del Tribunal coincidieron en que la presentación de la documentación fue extemporánea, fragmentada y en algunos casos cargada en el sistema digital después de haberse procesado los pagos. Esta práctica —indicaron— afecta la trazabilidad, dificulta el control y contradice las reglas establecidas para el expediente electrónico. Incluso recordaron que problemas similares ya se habían observado en una resolución de 2023 referida al mismo convenio, pero con años anteriores.
Otro aspecto cuestionado fue la falta de integración completa de actuaciones que originalmente habían tramitado en papel y que, al ser digitalizadas de manera parcial, no permitían reconstruir el circuito administrativo de manera clara. Para el Tribunal, esa omisión vulnera las exigencias del sistema digital y entorpece la verificación de las contraprestaciones.
Si bien se mencionó que la falta de certificaciones podría abrir interrogantes sobre el uso de los fondos, los auditores señalaron que, con la información disponible, no es posible afirmar que exista un daño comprobable contra el patrimonio provincial. No obstante, insistieron en la necesidad de regularizar y fortalecer los procedimientos.
En su resolución final, el organismo de control instó al ministro Pablo López Silva a garantizar que en adelante los expedientes sean remitidos completos, debidamente integrados al sistema y con información fiable que permita evaluar la ejecución del convenio sin vacíos ni contradicciones.