La madre y referente Majo Pazos encendió las alarmas por la situación que atraviesan familias con niños y niñas con discapacidad en Ushuaia. Señaló que la falta de actualización del nomenclador nacional desde diciembre de 2023 dejó honorarios por el piso y servicios en retirada, con impacto directo en la rehabilitación y el acompañamiento terapéutico.

Según explicó, un acompañante terapéutico en la ciudad percibe alrededor de $800.000 mensuales por 10 horas semanales, pero la obra social provincial reconoce poco más de $300.000. “La diferencia —casi medio millón— la cubren quienes pueden; el resto queda sin atención o los profesionales abandonan porque es inviable”, cuestionó. Remarcó que no se trata de cuidadores, sino de técnicos formados durante tres años, con actualización permanente y trabajo interdisciplinario.

Pazos advirtió que el recorte golpea a instituciones y servicios: hogares y talleres protegidos ya cerraron, y espacios históricos —como el Hogar Don Orione— están bajo presión. “El Estado ofrece honorarios que no respetan la formación ni la responsabilidad del rol”, criticó.

A la crisis nacional, sumó responsabilidades locales. Rechazó que se use la falta de giros de Nación como argumento para la inacción: “La provincia tiene otros ingresos”. En paralelo, denunció el deterioro del sistema de módulos alimentarios: “Se redujeron a la mitad y ya no incluyen carne”. En la Escuela Cayu, dijo, las familias fueron notificadas de la eliminación de las milanesas del menú. “Hoy comen guisos de arroz con verduras y, con suerte, pollo. Es degradante”.

La preocupación también alcanza a la infraestructura escolar. En la Escuela Especial N.º 1, relató, se produjo un principio de incendio en la caldera que llegó a 800 grados por fallas en los sensores de temperatura y detectores de monóxido. “No explotó de casualidad; una hora antes, con estudiantes adentro y solo una salida de emergencia habilitada, hubiera sido un desastre”, alertó. El riesgo se agravó porque la obra en curso obstruía vías de evacuación.

Por último, apuntó a una deuda estructural: la accesibilidad urbana. “Para que Ushuaia sea 100% accesible hay que intervenir barrios enteros construidos con escaleras. En algunos casos ni la Casa de Gobierno tenía una rampa adecuada sin una obra mayor. No puede seguir postergándose”, concluyó.

Para las familias, el pedido es urgente: actualizar valores, garantizar cobertura plena y encarar obras de seguridad y accesibilidad que eviten que la crisis se siga resolviendo con el bolsillo —o el riesgo— de quienes más lo necesitan.