Melella anuncia intervención como amicus curiae para proteger empleos textiles
El Gobierno de Tierra del Fuego instruyó a su equipo legal para evaluar la presentación de la Provincia como amicus curiae ante la Corte Suprema en las causas que involucran a las empresas textiles Sueño Fueguino y Barpla. La medida busca exponer ante los jueces el alcance social y económico de una eventual resolución adversa.
Desde Casa de Gobierno aclararon que no se intervendrá en la discusión de fondo —propia del proceso judicial—, sino que se aportarán argumentos sobre el impacto que cualquier definición puede tener sobre más de 250 puestos de trabajo directos, sus familias y el entramado productivo regional.
El gobernador Gustavo Melella reiteró que la defensa del empleo y del desarrollo industrial fueguino “es política de Estado”, y vinculó la decisión con la necesidad de proteger el régimen de promoción que sostiene a la isla como polo productivo, diversificado e integrado al territorio nacional. “No vamos a permitir que se debilite una de las pocas políticas federales activas del país, que ha demostrado capacidad para generar empleo formal y valor agregado en el extremo sur”, afirmó.
El pedido para que la Provincia actúe como “amiga del tribunal” fue promovido por el abogado Raúl Paderne, representante de ambas firmas, con el objetivo de visibilizar el interés público comprometido: continuidad laboral, inversión productiva y estabilidad del ecosistema industrial local.
El trasfondo del litigio incluye los Decretos 727/2021 y 594/2023 del Gobierno nacional, que modificaron sustancialmente el encuadre del sector textil dentro de la Ley 19.640. Si bien el último decreto habilitó una vía de reintegración, impuso condiciones —como una prórroga limitada a cinco años y la renuncia a acciones judiciales— que, en los hechos, dejaron fuera a compañías que ya estaban litigando, entre ellas Sueño Fueguino y Barpla.
Ambas causas siguen su curso con recursos extraordinarios aceptados por la Corte, luego de que la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia revocara cautelares que habían permitido sostener operaciones mientras avanzaban los expedientes. Con el eventual amicus curiae, la Provincia busca que el máximo tribunal cuente con una radiografía completa del impacto en la economía fueguina antes de resolver.