El Senado de la Nación aprobó este jueves con 61 votos afirmativos el proyecto que busca convertir en ley el Sistema de Alerta Sofía, un mecanismo destinado a agilizar la búsqueda de personas desaparecidas en situaciones de extrema gravedad. La iniciativa será ahora girada a la Cámara de Diputados para su tratamiento.

El proyecto fue presentado por el senador Juan Carlos Romero (Salta) y propone darle un marco normativo permanente a un programa que funciona desde 2019, creado por el Ministerio de Seguridad de la Nación con el objetivo de difundir de manera urgente casos de desaparición de menores de edad.

Marco legal y objetivos

Según detalla el dictamen aprobado, la ley tiene como fin la sistematización y centralización de la información, los procedimientos y protocolos relacionados con la búsqueda de personas extraviadas o desaparecidas, tanto menores como adultas.

También abarca la identificación de personas de identidad desconocida halladas con vida o fallecidas, garantizando información actualizada y acciones coordinadas a nivel nacional.

Registro y activación del programa

En su artículo 2, el proyecto establece la creación del Registro Nacional de Búsqueda de Personas Extraviadas y Desaparecidas y de Identificación de Personas de Identidad Desconocida, que funcionará bajo la órbita del Ministerio de Seguridad de la Nación.

Por otra parte, el artículo 6 regula la activación del Programa de Alerta Rápida Sofía, que deberá ponerse en marcha dentro de las seis horas de realizada la denuncia en sede policial, el Ministerio Público o el Poder Judicial, en casos de desaparición o extravío de menores de 18 años en situaciones de riesgo extremo para su integridad física o psicosocial.

Un paso legislativo clave

La media sanción otorgada por el Senado representa un avance hacia la consolidación de un sistema que, desde su creación en 2019, se convirtió en una herramienta fundamental para la búsqueda inmediata de menores desaparecidos. De obtener aprobación definitiva en Diputados, la Argentina contará con un marco legal robusto y uniforme que permitirá coordinar de manera más eficiente las tareas de búsqueda en todo el territorio nacional.