Más de 25 organizaciones rechazan la reforma de la Ley de Glaciares y advierten sobre un grave retroceso ambiental
Un amplio frente de organizaciones ambientales, científicas y sociales expresó su rechazo a los proyectos que buscan modificar la Ley de Glaciares (Ley 26.639), al advertir que los cambios propuestos implican una reducción sustancial de los niveles de protección ambiental y habilitan actividades económicas que podrían provocar daños irreversibles en uno de los sistemas naturales más sensibles del país.
La norma, sancionada en 2010 tras un extenso debate público, establece presupuestos mínimos para la protección de los glaciares y del ambiente periglacial, reconociéndolos como bienes públicos estratégicos y fundamentales para la preservación de las cuencas hídricas. En la actualidad, sin embargo, uno de los proyectos que se debatirán en sesiones extraordinarias propone alterar sus disposiciones centrales, lo que encendió la alarma en el sector ambiental.
Según especialistas, los glaciares no solo representan un patrimonio natural y turístico, sino que cumplen una función vital en la regulación del agua dulce, especialmente en la denominada diagonal árida, que ocupa cerca de dos tercios del territorio argentino. A lo largo de unos 4.000 kilómetros de cordillera, alimentan 39 cuencas hídricas y amortiguan los efectos de sequías, como las que actualmente afectan a provincias como Mendoza, San Juan, La Rioja y Catamarca.
En respuesta a la iniciativa oficial, más de 25 organizaciones —entre ellas FARN, Fundación Vida Silvestre, Greenpeace, Wetlands International, Rewilding Argentina y Jóvenes por el Clima— firmaron un documento conjunto en el que advierten que modificar la ley permitiría habilitar minería a gran escala y obras de infraestructura sobre áreas hoy protegidas, poniendo en riesgo fuentes de agua esenciales para miles de comunidades.
Desde la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas (Aadeaa) señalaron que la reforma sería ilegal e inconstitucional, al violar el principio de no regresión ambiental establecido en el Acuerdo de Escazú, que impide retroceder en los niveles de protección ya alcanzados. “Debilitar la Ley de Glaciares tendría impactos ambientales, económicos y sociales irreversibles”, advirtieron.
Uno de los puntos más cuestionados es el cambio de criterio de protección, que dejaría en manos de las provincias la definición de qué glaciares y geoformas periglaciales quedan alcanzados por la ley. Para los especialistas, esto reemplaza el criterio científico por decisiones políticas, alterando el esquema constitucional que fija estándares mínimos ambientales a nivel nacional.
“El proyecto abre una puerta trasera para eliminar glaciares del inventario sin un criterio técnico claro”, advirtió el glaciólogo Pierre Pitte, del Instituto Argentino de Nivología, Glaciología y Ciencias Ambientales (IANIGLA), organismo que elaboró el Inventario Nacional de Glaciares, finalizado y publicado oficialmente en 2018. Según explicó, permitir modificaciones discrecionales equivale a “borrar glaciares como si se tratara de un censo”.
Las organizaciones también vincularon el intento de reforma con el contexto presupuestario, al señalar que el Proyecto de Presupuesto 2026 prevé recortes de hasta el 92,8% en partidas ambientales, mientras se incrementa el peso del pago de la deuda. A esto se suman iniciativas para derogar leyes de financiamiento educativo y científico, lo que, según denunciaron, profundiza el debilitamiento de las políticas públicas ambientales.
Desde el sector ambiental advierten que, a diferencia de otras políticas que pueden revisarse en el futuro, la destrucción de un glaciar es irreversible en escala humana. “Hay cosas que se podrán recuperar después, pero un glaciar no”, resumieron, al alertar sobre las consecuencias de avanzar con una reforma que, aseguran, responde a intereses extractivos de gran escala.