La UBA funcionará en “estado crítico” y convocará a una nueva Marcha Federal tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario
Tras el veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, las autoridades de la Universidad de Buenos Aires (UBA) y del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) ofrecieron una conferencia de prensa en la que advirtieron sobre la grave situación presupuestaria que atraviesa el sistema universitario público.
El rector de la UBA, Ricardo Gelpi, confirmó que la institución aplicará un plan de emergencia con restricción de gastos operativos para garantizar su funcionamiento hasta fin de año, pero advirtió: “La UBA va a funcionar en un estado crítico para poder terminar el año”.
Gelpi subrayó que la falta de un presupuesto actualizado impide planificar correctamente las actividades académicas, de investigación, extensión y salud. Y fue contundente: “Cuando hablamos de crisis en las universidades públicas, hablamos de investigación científica sin recursos, de salud pública que no puede curar, de miles de estudiantes que se quedan sin posibilidades de un porvenir mejor”.
En la misma línea, el presidente del CIN, Oscar Alpa, recordó que la Argentina lleva dos años sin presupuesto nacional aprobado, lo que genera una situación extrema para las universidades: “Es a partir del presupuesto que se financia la autarquía y la autonomía universitaria”.
Por su parte, el vicepresidente del organismo, Franco Bartolacci, reclamó al Congreso revertir el veto presidencial: “Necesitamos, con urgencia, que se sostenga esta ley y que se apruebe un presupuesto que dé previsibilidad. No podemos afrontar otro año con un presupuesto prorrogado”.
Los representantes universitarios anunciaron además que se convocará a una nueva Marcha Federal Universitaria, la cual se realizará el mismo día en que la Cámara de Diputados discuta el veto presidencial. El antecedente inmediato es la multitudinaria movilización de abril, que marcó un fuerte rechazo social al desfinanciamiento educativo.
La situación es especialmente crítica en el área de salud: los hospitales universitarios funcionaron con presupuesto congelado hasta agosto y, pese a la actualización posterior, el financiamiento no logró recomponer el impacto inflacionario.
Según datos oficiales, desde diciembre de 2023 la inflación acumulada alcanzó el 250%, mientras que los salarios docentes y nodocentes sólo crecieron un 95%, lo que implicó una pérdida del 40% en el poder adquisitivo. En paralelo, los gastos operativos de la función educación cayeron un 30% en términos reales desde mayo de 2024.
La Ley de Financiamiento Universitario, vetada por el Poder Ejecutivo, contemplaba la actualización de gastos de funcionamiento, la recomposición salarial docente y nodocente según inflación, fondos para infraestructura, becas y carreras estratégicas, además de un esquema progresivo de financiamiento que llevaría el presupuesto universitario del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.
Con un panorama incierto, las universidades se preparan para sostener su actividad en medio de un escenario que, según definieron sus autoridades, es de crisis sin precedentes.