La provincia refuerza el acompañamiento a personas con discapacidad: ya son más de 2.000 los beneficiarios
El Gobierno de Tierra del Fuego continúa fortaleciendo las políticas de asistencia a personas con discapacidad. A través del Ministerio de Bienestar Ciudadano y Justicia, actualmente se brinda apoyo a 2.086 personas, en su mayoría bajo el Régimen Único de Pensiones Especiales (RUPE), que contempla tanto a personas con discapacidad como a adultos mayores.
Del total de beneficiarios, 2.006 corresponden a personas con discapacidad, mientras que 71 se encuentran amparados por la Ley Provincial N.º 389, que establece una cobertura especial para personas mayores sin ingresos suficientes. Unos 998 de los inscriptos en el padrón reciben además cobertura médica por parte de la obra social estatal OSEF, como lo indica la normativa para quienes no cuentan con otro tipo de protección en salud.
Durante el último mes, el Estado destinó alrededor de $1.100 millones al pago de pensiones no contributivas por discapacidad y otros $38 millones en concepto de pensiones por vejez bajo la misma legislación. A su vez, en los primeros seis meses de 2025, se invirtieron más de $2.650 millones en prestaciones médicas específicas para afiliados con discapacidad a la OSEF, con un promedio de gasto mensual de $450 mil por persona, sin contemplar otros servicios como acompañamiento terapéutico.
La ministra Adriana Chapperón explicó que estas cifras dan cuenta del esfuerzo sostenido por parte de la administración fueguina para garantizar derechos fundamentales como el acceso a la salud y una asistencia económica que permita una mejor calidad de vida a personas en situación de vulnerabilidad.
No obstante, la titular de la cartera también informó que se están llevando a cabo auditorías para verificar que los beneficios se asignen correctamente, según lo establece la legislación vigente. Algunas irregularidades detectadas incluyen casos de beneficiarios que ya no residen en la provincia, certificados médicos con porcentajes de discapacidad por debajo del mínimo requerido (66%), o personas que no informaron ingresos adicionales como jubilaciones o trabajos registrados.
“Cada situación es analizada en detalle y, de ser necesario, se notifica al titular del beneficio para que regularice su situación antes de aplicar cualquier tipo de suspensión o baja, tal como lo exige la ley”, aclaró Chapperón.
Para cerrar, la funcionaria hizo un repaso de la evolución del apoyo económico: en 2019, el monto de la pensión por discapacidad era de $204.000, mientras que actualmente supera los $540.000, lo que evidencia un aumento significativo en la inversión social del Estado fueguino.