LA PROVINCIA ACTUALIZÓ LA LEY 1004 PARA COBRAR LAS PRESTACIONES DE SALUD A OBRAS SOCIALES Y PREPAGAS
La Legislatura provincial aprobó una modificación a la Ley Nº 1004 con el objetivo de fortalecer el recupero de los costos que genera la atención médica brindada por el sistema público a afiliados de obras sociales y empresas de medicina prepaga. La iniciativa fue impulsada por el Ministerio de Salud y busca resguardar los recursos del Estado.
La actualización establece reglas más precisas para los llamados terceros financiadores —obras sociales, prepagas y otras entidades de cobertura médica—, quienes deberán asumir el pago de las prestaciones recibidas por sus afiliados en hospitales y centros de salud públicos, aun cuando no exista un convenio previo. De esta manera, cada atención será facturada y contará con plazos definidos para su cancelación.
Desde la cartera sanitaria remarcaron que el acceso a la atención seguirá siendo universal y sin restricciones, más allá del tipo de cobertura que tenga cada paciente. Sin embargo, aclararon que el propósito de la reforma es evitar que el Estado provincial continúe absorbiendo gastos que corresponden a entidades privadas o de la seguridad social.
La normativa original, sancionada en 2014, había sido diseñada para un escenario sanitario diferente. Con el transcurso del tiempo, su aplicación derivó en demoras prolongadas en los pagos, acumulación de deudas sin actualización y obstáculos administrativos que dificultaron el cobro efectivo de las prestaciones.
Con los cambios introducidos, se simplifican los procedimientos de facturación y recupero, se incorporan instancias administrativas frente a incumplimientos y se contemplan mecanismos para regularizar deudas e incluso avanzar con acciones legales cuando sea necesario. También se prevé el reconocimiento de intereses ante pagos fuera de término.
Según destacaron autoridades provinciales, la reforma dota al sistema de salud de herramientas más eficientes para garantizar que las obras sociales y prepagas cumplan con sus obligaciones, contribuyendo así a la sostenibilidad financiera del sistema público y a una mejor administración de los recursos.