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La Justicia ratificó la legalidad del decreto que convoca a la reforma constitucional en Tierra del Fuego

Luego de las denuncias presentadas por el legislador Jorge Lechman y el abogado Paulino Rossi, el Poder Judicial fueguino dio por concluida la investigación que ponía en duda la legalidad del decreto mediante el cual el Ejecutivo convocó a la elección de convencionales constituyentes. El fallo dejó firme la validez del Decreto 1656/24 y desestimó las acusaciones por falta de sustento legal.

El Dr. Raúl Paderne, abogado representante de la ministra Gabriela Castillo –quien refrendó el decreto cuestionado–, celebró la decisión judicial y subrayó que “no quedó ninguna duda sobre la legalidad del procedimiento llevado a cabo por el Poder Ejecutivo”.

El pronunciamiento se produjo a través del Juzgado de Instrucción N°1, a cargo del juez Sergio Pepe. Según explicó Paderne, el magistrado no halló ninguna irregularidad en la elaboración del decreto ni en el rol que desempeñó la ministra de Obras y Servicios Públicos al refrendarlo. “El juez entendió que no hubo delito alguno y que todo se realizó dentro del marco normativo vigente”, detalló.

Las denuncias habían cuestionado el procedimiento administrativo y la competencia del Ejecutivo para emitir dicho decreto. Sin embargo, tras el análisis de pericias y declaraciones, la Justicia concluyó que no existían elementos que justificaran continuar con la investigación. “Ambos planteos fueron rechazados por inexistencia de delito”, confirmó el letrado.

Paderne también hizo referencia al impacto que este fallo podría tener sobre la causa principal que se analiza actualmente en el Superior Tribunal de Justicia, donde se debate el trasfondo constitucional de la convocatoria. “Este fallo es relevante porque refuerza la validez del decreto desde lo legal, aunque el análisis de constitucionalidad es una cuestión que aún debe resolverse en otro ámbito”, concluyó.

Con este pronunciamiento judicial, el proceso de reforma constitucional en Tierra del Fuego continúa su curso sin objeciones formales sobre el acto administrativo que dio origen a la convocatoria.

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