La Justicia ordena a Vialidad Nacional intervenir de inmediato en la Ruta 40
Un fallo del Juzgado Federal de Bariloche dispuso que Vialidad Nacional deberá llevar adelante, sin demoras, una serie de trabajos urgentes en la Ruta 40, luego de un amparo colectivo impulsado por la Provincia de Río Negro y distintos organismos ante el deterioro creciente del corredor vial.
La medida judicial exige no solo la reparación inmediata de los sectores más críticos del tramo, sino también la correcta señalización de las zonas donde ya se habían realizado tareas parciales de bacheo. La causa se originó tras la falta de respuestas del organismo nacional y por el riesgo que representa el estado actual de la ruta para quienes la transitan.
Según el comunicado oficial del gobierno rionegrino, la Ruta 40 es un eje clave para la conexión de la región andina y un motor para la actividad turística y económica. El deterioro sostenido de la calzada fue considerado por la Justicia como un peligro para la integridad física y la vida de los usuarios.
Alcances del fallo
La resolución federal establece que Vialidad Nacional deberá ejecutar de manera inmediata una serie de intervenciones esenciales, con financiamiento correspondiente al presupuesto 2024. Entre ellas se incluyen:
- Reparación de pozos, grietas, deformaciones y sectores con ahuellamientos.
- Corrección de banquinas descalzadas.
- Reposición de la señalización horizontal en áreas ya intervenidas.
- Instalación de señalización vertical —tanto diurna como nocturna— en curvas, zonas de derrumbe, badenes y tramos considerados de riesgo.
El fallo remarca que las tareas no pueden quedar sujetas a reprogramaciones administrativas ni a nuevos retrasos.
Plazos estrictos
La sentencia establece una serie de obligaciones con tiempos concretos:
- Dentro de los primeros 90 días, Vialidad deberá presentar un relevo integral de los puntos críticos, junto con un cronograma detallado para cada reparación. También deberá aportar un informe técnico sobre el posible arrastre de material rocoso y proponer medidas si el riesgo se confirma.
- En el mismo período, deberá informar si corresponde instalar controles de carga y, de ser necesario, precisar el esquema de implementación.
- A los 120 días, el organismo tendrá que elevar un plan de mantenimiento integral que garantice la conservación futura del tramo una vez finalizadas las intervenciones urgentes.
Un precedente para la defensa de la seguridad vial
El pronunciamiento judicial reconoce la falta de actuación del organismo nacional durante los últimos años y respalda la decisión de la Provincia de acudir a la Justicia ante los incumplimientos detectados. La sentencia reafirma la responsabilidad del Estado en proteger la seguridad de una de las rutas más transitadas e importantes para el sudoeste rionegrino.