“La Frontera” de Pinamar: el límite donde la libertad sin reglas pone en riesgo la vida
En los últimos días, “La Frontera”, el sector de médanos de Pinamar convertido en escenario habitual de picadas, acrobacias y carreras con cuatriciclos y motos, volvió a quedar en el centro del debate público tras un hecho que conmocionó a la comunidad: un niño de ocho años resultó gravemente herido y lucha por su vida. El episodio no aparece como un caso aislado, sino como el síntoma más crudo de una práctica social naturalizada y de una omisión estatal que ya no puede leerse como neutral.
El espacio donde ocurren estos hechos se ubica en una zona gris, que no es plenamente pública ni privada, donde las normas parecen diluirse. Esta condición genera el terreno propicio para lo que especialistas definen como “rituales de transgresión”: carreras y maniobras extremas que exceden la imprudencia individual y se transforman en actos colectivos de pertenencia, aun cuando lo que se pone en riesgo es la vida.
Uno de los aspectos más inquietantes es la minimización del daño. A pesar de un niño internado en estado crítico, las prácticas continúan. La negación del peligro funciona como un mecanismo social de defensa: admitirlo implicaría cuestionar no solo una actividad recreativa, sino una identidad construida sobre el desafío permanente a los límites.
En este contexto, el rol del Estado municipal resulta ineludible. La inacción no es ausencia de política, sino una política en sí misma. El “dejar hacer” termina consolidando zonas donde la ley parece no regir, reforzando la idea de territorios de excepción en los que la norma protectora se suspende.
Esta omisión no puede desvincularse del clima ideológico que atraviesa hoy el debate público argentino, atravesado por discursos que exaltan una concepción extrema de la libertad individual y desconfían de toda intervención estatal. En “La Frontera”, esta lógica se traduce en un escenario donde cada persona se asume soberana absoluta de sus actos, sin considerar que, sin un marco normativo, la libertad se convierte en privilegio del más fuerte y expone a los más vulnerables.
El caso del niño de ocho años sin casco se erige como símbolo de un desamparo que es familiar, social y jurídico. No se trata solo de negligencia parental, sino del fracaso estructural de las instancias de protección. Argentina ha ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño con jerarquía constitucional, que establece al Estado como garante principal de la vida y la integridad. Estas obligaciones no admiten zonas de excepción, ni siquiera en los médanos.
El accidente no fue una fatalidad imprevisible. Fue la consecuencia lógica de un entorno donde se normalizó la exposición de niños, niñas y adolescentes a prácticas de alto riesgo, ya sea como participantes o como espectadores. Se configura así una forma de violencia comunitaria, donde fallan los adultos, la sociedad y, de manera decisiva, el Estado.
“La Frontera” aparece, entonces, como un microcosmos inquietante: un experimento de convivencia sin regulación que exhibe con crudeza sus consecuencias humanas. Allí donde el Estado decide no estar, no florece la libertad, sino el abandono. Y cuando la consigna de “menos Estado” se traduce en menos controles, menos cuidados y menos límites, el precio puede ser la vida de un niño.