La Fiscalía de Estado pidió al Ejecutivo avanzar con la reglamentación de la ley que prohíbe el cultivo de salmónidos
La Fiscalía de Estado de Tierra del Fuego emitió un dictamen en el que insta al Gobierno provincial a reglamentar sin más demoras la Ley 1355, que desde 2021 prohíbe la producción y el cultivo de salmónidos en aguas fueguinas. El organismo advirtió que la falta de una norma complementaria impide la aplicación efectiva del régimen sancionatorio previsto en la ley.
El pronunciamiento se dio luego de que distintas presentaciones alertaran sobre el incumplimiento del plazo reglamentario, vencido hace más de tres años. En esas denuncias se pedía que el Ejecutivo provincial fuera intimado a dictar la reglamentación pendiente y a garantizar la operatividad total de la norma ambiental.
En su análisis, la Fiscalía coincidió en parte con los argumentos del Ministerio de Producción y Ambiente, que había sostenido que la ley resulta autoaplicable y que la prohibición de la salmonicultura puede hacerse cumplir aun sin reglamentación formal. Sin embargo, el organismo fiscal entendió que los artículos referidos a sanciones, clausuras y decomisos requieren precisiones reglamentarias, especialmente en lo relativo al procedimiento, la determinación de la Unidad de Multa y el destino de los bienes incautados.
El dictamen —emitido a fines de septiembre— recuerda que la Ley 1355 fijaba un plazo de 30 días para su reglamentación y señala que esa omisión “genera un vacío legal” que afecta la seguridad jurídica y dificulta el cumplimiento efectivo de la norma. Por ello, exhorta al Ministerio de Producción y Ambiente, junto con las secretarías de Ambiente y de Pesca y Acuicultura, a dictar “a la mayor brevedad” la reglamentación correspondiente.
Durante el expediente administrativo, el Ministerio había explicado que la demora obedeció a la elaboración de un Plan Integral de Desarrollo Pesquero y Acuícola, destinado a contemplar las realidades productivas de las comunidades costeras. Esa estrategia buscaba equilibrar la protección ambiental con la posibilidad de desarrollar una acuicultura sustentable.
La Fiscalía reconoció esos esfuerzos pero consideró que los plazos razonables fueron ampliamente superados. También rechazó la pretensión de quienes solicitaban impedir que el Poder Ejecutivo proponga modificaciones a la ley, al sostener que esa posibilidad forma parte de sus facultades constitucionales y que cualquier cambio debe discutirse en el ámbito legislativo.
Finalmente, el dictamen subraya que la falta de reglamentación debilita la aplicación práctica de las sanciones previstas y genera incertidumbre en la gestión de los recursos naturales. En ese sentido, la Fiscalía de Estado busca que la reglamentación se concrete a la brevedad para garantizar la plena vigencia de una ley considerada clave para la protección de los ecosistemas marinos y la conservación ambiental de la provincia.