La Fiscalía de Estado cuestiona las «desobligaciones» docentes y pide al Ministerio de Educación que tome medidas
La interrupción reiterada de clases en algunas escuelas de Tierra del Fuego, debido a medidas gremiales, motivó la intervención de la Fiscalía de Estado. A través del dictamen N.º 52/25, el fiscal Virgilio Martínez de Sucre instó al Ministerio de Educación a tomar acciones legales y administrativas que garanticen el normal funcionamiento del sistema educativo provincial.
El documento fue emitido luego de una denuncia realizada por la madre de dos alumnas de la Escuela Provincial N.º 16 “Dr. Arturo Mateo Bas”, quien expuso que sus hijas ven afectado su derecho a la educación por suspensiones frecuentes de clases. Según su presentación, estos inconvenientes se deben tanto a la falta de personal y problemas edilicios como a las «desobligaciones» convocadas por el gremio docente SUTEF en reclamo de mejoras salariales.
Martínez de Sucre advirtió que el Ministerio de Educación no ha brindado respuestas claras sobre el impacto de estas medidas gremiales. En su análisis, señaló que la cartera educativa omitió referirse específicamente a las suspensiones de clases provocadas por paros y jornadas de desobligación, lo que calificó como una “omisión llamativa” y una falta de atención sobre uno de los aspectos centrales de la queja.
“Las desobligaciones, sin dudas, afectan el desarrollo regular de las clases, interfiriendo directamente con la jornada escolar y con el derecho constitucional a la educación”, afirmó el Fiscal de Estado. Asimismo, consideró que existen herramientas dentro del propio Ministerio que podrían utilizarse para garantizar una asistencia mínima del personal docente y asegurar que las escuelas permanezcan abiertas.
En cuanto a los problemas edilicios que también motivaron la denuncia, Martínez de Sucre cuestionó la falta de respuestas eficaces por parte de los funcionarios responsables. Subrayó que, pese a contar con autorizaciones legislativas extraordinarias para resolver situaciones urgentes, persisten omisiones como la falta de asignación de fondos, la no autorización de obras o demoras administrativas que impiden avanzar con soluciones concretas.
Finalmente, el Fiscal exhortó a que se actúe con respaldo legal, articulando con todas las áreas competentes, para responder ante estos incumplimientos y garantizar la continuidad del servicio educativo en condiciones dignas.