Irregularidades administrativas en rescate arqueológico del Corredor Costero, sin perjuicio fiscal
El Tribunal de Cuentas de Tierra del Fuego informó que la contratación de la empresa Estudios y Servicios Ambientales SRL para realizar tareas de rescate y monitoreo arqueológico del proyecto Corredor Costero Canal de Beagle presentó deficiencias administrativas, aunque no se registró perjuicio económico para el Estado.
Según la investigación, el contrato con la firma fue firmado el 22 de noviembre de 2019, mientras que el decreto provincial que aprobó la contratación se emitió una semana más tarde, el 29 de noviembre. Sin embargo, los trabajos habían comenzado en octubre de 2019, antes de la formalización administrativa del proceso. Esta situación constituye un incumplimiento de la Ley Provincial N.º 1015, pero no implicó fraude ni daño financiero.
La auditoría constató que la empresa ejecutó efectivamente las tareas comprometidas. Los informes técnicos, registros de avance y documentación administrativa respaldan la realización de los trabajos y validan que el gasto fue real y justificado, cumpliendo con los principios de causalidad, legitimidad y razonabilidad de la gestión pública.
El Tribunal aclaró que no se encontraron indicios de mala fe ni enriquecimiento indebido por parte del proveedor. A pesar de la irregularidad formal, se reconoció la obligación de pago, dado que el servicio fue prestado y el Estado recibió lo contratado.
El vínculo con la empresa fue posteriormente revocado mediante el decreto 2273/21, debido a la irregularidad en el procedimiento de contratación. No obstante, se consideró que la urgencia de asegurar la protección del patrimonio arqueológico constituye un atenuante frente a posibles sanciones administrativas. El informe también recomendó fortalecer los controles preventivos para garantizar el cumplimiento estricto de las normas de contratación pública.
El Corredor Costero Canal de Beagle, concebido en 2018 como una ruta escénica de 132 km para conectar Ushuaia con Cabo San Pío, fue diseñado para fomentar el turismo y la producción en la región sur. La obra, inicialmente adjudicada a Gancedo SA por 1.720 millones de pesos, enfrentó paralizaciones, revisiones ambientales y arqueológicas, y finalmente, tras años de controversias, fue rescindida por el Ejecutivo provincial en julio de este año.