Investigan posibles vínculos entre muertes y fentanilo adulterado: peritan historias clínicas
Este lunes se dio inicio a una etapa clave en la investigación por el caso del fentanilo contaminado que ya dejó múltiples víctimas fatales. Especialistas del Cuerpo Médico Forense de la Corte Suprema de Justicia comenzaron a analizar las historias clínicas de 20 pacientes fallecidos que habrían recibido dosis del medicamento producido por los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A.
El objetivo de esta revisión es determinar si los decesos estuvieron directamente relacionados con el consumo del opioide adulterado. Las sospechas apuntan a que las muertes podrían haberse producido por fallas multiorgánicas, provocadas por la presencia de bacterias como Klebsiella pneumoniae y Ralstonia, detectadas en ampollas del fármaco.
En paralelo, se espera un informe clave del Instituto Malbrán, que podría confirmar cómo y en qué etapa se produjo la contaminación del fentanilo. El resultado de ambas pericias —la médica y la microbiológica— será determinante para definir si se imputan responsabilidades penales a los responsables de los laboratorios involucrados.
Entre los principales señalados se encuentra Ariel García Furfaro, titular de las firmas implicadas, junto a otros miembros de su equipo directivo. La causa está a cargo del juez Ernesto Kreplak, quien aún evalúa los pasos procesales a seguir en función de los elementos que se reúnan.
Por otro lado, documentos internos a los que accedió la prensa revelan que la ANMAT ya había advertido irregularidades severas en el laboratorio Ramallo meses antes de que comenzara la producción del fentanilo. Una inspección realizada entre el 28 de noviembre y el 12 de diciembre de 2024 detectó serias deficiencias en áreas clave como producción, control de calidad, recursos humanos y documentación.
El informe oficial de ese operativo calificó las fallas como “críticas y mayores”, y señaló que comprometen directamente la calidad, seguridad y eficacia de los medicamentos fabricados en esa planta.
A pesar de estas alertas, la comercialización del opioide continuó y miles de pacientes recibieron dosis posiblemente contaminadas, situación que ahora está bajo la lupa judicial.