Imputan a un joven fueguino en una causa federal por piratería digital y venta ilegal de TV paga
Un joven fueguino de 23 años, identificado como Matías Ian Mazza Sanabria, fue imputado en una causa federal por piratería digital, acusado de integrar una organización dedicada a la comercialización ilegal de servicios de televisión paga mediante plataformas IPTV, entre ellas Magis TV.
Mazza Sanabria nació en Río Grande y actualmente se encuentra domiciliado en Villa Regina, provincia de Río Negro. La investigación es llevada adelante por la Unidad Fiscal Especializada en Ciberdelitos de Zona Norte, a cargo del fiscal Alejandro Musso, y derivó en allanamientos simultáneos en Río Negro, Mendoza y Chubut, con un saldo de cuatro personas detenidas.
En las últimas horas, el Juzgado en lo Correccional N.º 6 de San Isidro, a cargo del juez Hernán Sergio Archelli, resolvió citar a uno de los imputados en el marco de una causa por infracción a la Ley 11.723 de Propiedad Intelectual. La audiencia preliminar fue fijada para el 3 de febrero, se realizará de manera virtual y tendrá como objetivo analizar eventuales salidas alternativas al juicio oral. No se descarta la participación del resto de los acusados, incluido el joven fueguino.
Según consta en el expediente judicial, los imputados habrían montado un entramado destinado a la venta masiva de cuentas de Magis TV Pro, un servicio vinculado a una aplicación ilegal que permite acceder sin autorización a señales premium, películas, series, transmisiones deportivas en vivo y plataformas internacionales.
Entre los principales involucrados figura Jorge Ulises Velázquez (43), empresario y titular de la firma UV Mundo Digital, proveedora de internet y cable en las ciudades de Trelew y Rawson, señalado como una pieza clave dentro de la operatoria. También fueron detenidos Miguel Contreras y Mazza Sanabria en Río Negro, y Iván Santiago Funes en la provincia de Mendoza.
De acuerdo a la investigación, Mazza Sanabria habría comercializado además un servicio similar bajo el nombre “AbelTV”. Durante los allanamientos, las fuerzas de seguridad secuestraron teléfonos celulares, computadoras, TV Box, decodificadores, dinero en efectivo y documentación vinculada a la distribución del servicio ilegal.
La causa se inició a partir de denuncias presentadas por DirecTV y Grupo Telecom S.A., que alertaron sobre la venta y distribución de dispositivos IPTV que permitían el acceso no autorizado a contenidos protegidos por derechos de autor.