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Gobierno exige a AFA y Liga Profesional que expliquen sus balances financieros

La Inspección General de Justicia intimó a las principales entidades del fútbol argentino a presentar documentación detallada de sus estados contables, en medio de cuestionamientos por posibles irregularidades y avances de investigaciones judiciales.

El Ministerio de Justicia, a través de la Inspección General de Justicia (IGJ), intimó a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y a la Liga Profesional de Fútbol para que justifiquen sus balances contables y financieros, brinden respaldos de gastos e inversiones millonarias y respondan observaciones sobre su contabilidad, según un comunicado oficial difundido este miércoles.

La medida apunta a los estados contables presentados por ambas entidades, que en conjunto superan USD 111 millones en el caso de la AFA y USD 340 millones para la Liga Profesional, y exige documentación que aclare el destino de esos recursos, en particular sobre rubros no incluidos en sus estatutos o considerados ambiguos por la IGJ.

El organismo remarcó que todas las asociaciones civiles y entidades privadas registradas deben rendir cuentas con la misma rigurosidad, sin privilegios ni excepciones, y advirtió que la falta de cumplimiento dentro del plazo estipulado podría derivar en sanciones económicas para las instituciones y sus directivos.

La acción se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y la dirigencia del fútbol argentino, con denuncias cruzadas. El oficialismo presentó recientemente una denuncia ante el Tribunal de Ética de la Conmebol por presuntas violaciones a normas de buena gobernanza y posibles vínculos financieros opacos, mientras que desde la AFA rechazaron la medida como una persecución política, insistiendo en que su gestión está enfocada en el desarrollo del fútbol y acusando al Gobierno de intentar “obstruir” su funcionamiento.

El reclamo de explicaciones contables se da además en paralelo a varias investigaciones judiciales por presunto lavado de dinero y movimientos patrimoniales irregulares que involucran a empresas vinculadas a dirigentes del fútbol argentino, lo que agrega presión pública sobre la transparencia de las entidades deportivas.

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