Gobierno apela el fallo que ordenó aplicar la Ley de Emergencia en Discapacidad
En medio de tensión política en el Congreso, la administración nacional presentó un recurso contra la decisión judicial que declaró inválida la suspensión de la normativa y dispuso su ejecución inmediata, mientras la causa pasa a instancias superiores.
El Gobierno nacional apeló la decisión del juez federal de Campana, Adrián González Charvay, que había declarado inválido el artículo de un decreto presidencial que dejó sin efecto la ejecución de la Ley de Emergencia en Discapacidad y ordenó su aplicación inmediata en todo el país. El recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación, con la firma del procurador Santiago Castro Videla y el subprocurador Julio Comadira, por considerar que la sentencia “causa agravio al Estado Nacional”.
El juez concedió la apelación con efecto devolutivo, lo que significa que el fallo de primera instancia seguirá vigente mientras la Cámara Federal de San Martín analiza el recurso del Estado. Además, se otorgó un plazo de cinco días para que el Gobierno fundamente formalmente la apelación.
La presentación judicial se produce en un contexto de fuerte tensión política en el Congreso, donde la oposición había logrado rechazar un intento del oficialismo de derogar la ley en la discusión del Presupuesto 2026, un golpe político que puso aún más presión sobre la Casa Rosada para defender su postura.
El fallo de Campana había cuestionado la validez del artículo que suspendía la aplicación de la norma bajo el argumento de falta de financiamiento presupuestario, y lo declaró inconstitucional por violar el principio republicano y la voluntad del Congreso al promulgar la ley. El juez había advertido que la propia legislación facultaba al Poder Ejecutivo a reasignar partidas para cumplirla, y que su suspensión generaba discriminación contra las personas con discapacidad.
Mientras la causa sigue su curso ante la Cámara Federal, el Gobierno busca revertir no solo el fallo judicial, sino también las implicancias políticas de este cruce de poderes en torno a una normativa con impacto directo en el sistema de prestaciones y derechos de las personas con discapacidad.