Estafadora inmobiliaria deberá cumplir 12 años de prisión: fallo firme tras más de una década de proceso
Luego de un extenso proceso judicial que se extendió por más de diez años, la Justicia de Tierra del Fuego ratificó la condena a 12 años de prisión para Susana del Carmen Ancalipe, acusada de liderar una masiva estafa inmobiliaria que afectó a numerosas familias fueguinas.
El fallo fue confirmado por una composición subrogante del Superior Tribunal de Justicia, integrada por los jueces Sergio Diéguez, Andrés Leonelli y Alejandro Fernández, quienes rechazaron el recurso de casación presentado por la defensa. Con esta decisión, la condena impuesta por el Tribunal de Juicio en lo Criminal de Río Grande queda firme y Ancalipe deberá cumplir la pena en forma efectiva.
La maniobra delictiva comenzó en 2013, cuando Ancalipe, junto a su esposo Carlos Pérez —condenado a 4 años de prisión—, fundó la empresa “Río Grande Construcciones y Servicios”. Esta firma funcionaba como fachada para captar clientes mediante falsas promesas de construcción de viviendas llave en mano y ampliaciones que nunca se concretaban.
Según la investigación, el matrimonio llegó a publicitar sus servicios por medios de comunicación, abrió un local comercial para dar apariencia de legalidad e incluso mostraba construcciones ajenas como si fueran propias. De esta forma lograron convencer a sus víctimas para que entregaran importantes sumas de dinero como adelanto. El monto total defraudado superó el millón ciento cincuenta mil pesos.
Las consecuencias para los damnificados fueron graves. Varias de las víctimas declararon en el juicio haber sufrido daños emocionales, frustración de proyectos familiares y la imposibilidad de acceder a una vivienda. Muchos de ellos recurrieron a ayuda psicológica para superar la angustia provocada por el engaño.
Uno de los aspectos que más pesó en la determinación de la pena fue el impacto humano de los hechos, ya que el tribunal consideró como agravantes el daño psicológico y las afectaciones personales sufridas por quienes habían depositado su confianza y sus ahorros en el emprendimiento.
Ancalipe, además, complicó el proceso judicial al fugarse de la provincia en dos ocasiones, lo que generó demoras significativas en la ejecución de la pena. Pese a ello, la sentencia ya es definitiva y representa la condena más elevada dictada en Tierra del Fuego por un delito de estafa.
Este caso sienta un importante precedente judicial en la provincia y se convierte en un ejemplo claro de que la impunidad no prevalecerá ante delitos de alto impacto social como el fraude inmobiliario.